Rodrigo Correa, el nuevo titular del INYM designado por Milei, inició una reestructuración profunda. Hubo 21 despidos y planean reducir la flota de vehículos y viáticos.
A menos de tres semanas de haber asumido el cargo, el contador Rodrigo Correa empezó a ejecutar el plan de «modernización y desburocratización» que el Gobierno Nacional reclama para los organismos descentralizados. Este miércoles se confirmaron los primeros 21 despidos en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), lo que representa una poda del 25% de la plantilla total de 84 empleados.
Los recortes afectaron principalmente a las áreas de extensión, fiscalización y registros. Sin embargo, esto sería solo el comienzo: fuentes internas aseguran que en los próximos días se vendría una segunda tanda de 20 despidos más y una reducción drástica en la flota de camionetas (de las 25 actuales, quedarían muy pocas).
También están bajo la lupa los generosos viáticos de los directores, cuestionados por sus costosos viajes a ferias de lujo en Dubái, París y Nueva York para «vender yerba», misiones comerciales que muchos consideran un gasto innecesario.
Un organismo que «perdió los dientes» La realidad del INYM cambió drásticamente tras el DNU 70/2023 de Milei, que le quitó al instituto la facultad de fijar precios y regular plantaciones. Al quedar con funciones acotadas —básicamente fiscalización sanitaria y promoción—, la estructura heredada de gobiernos anteriores resultaba inviable y excesiva para las nuevas tareas.
«Queremos un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores», explicó Correa, quien ya acordó con el directorio (apoyado por industriales y varios sectores productivos) un presupuesto para 2026 de 8.500 millones de pesos. Para financiarlo, la «estampilla» que pagamos todos en el paquete de yerba subirá un 28%, pasando de 25 a 32 pesos por kilo.
El fin del «aguantadero» El ajuste cuenta con un respaldo silencioso pero firme de muchos industriales y pequeños productores cansados de la politización del organismo. Durante años, el INYM fue visto como un «aguantadero» de punteros políticos y excandidatos que encontraban allí un refugio con buenos sueldos pero sin funciones claras.
Mientras el Gobierno de Misiones y algunos sectores cooperativos aún pelean por devolverle al INYM sus facultades regulatorias, la nueva gestión avanza en sentido contrario: achicar el gasto, eliminar los cargos políticos y adecuar el instituto a un rol puramente técnico.
En la sede de la calle Rivadavia, el clima es de tensión absoluta, pero para la Casa Rosada, el INYM está dejando de ser un peso muerto para convertirse en un organismo eficiente.
