El Juez Federal de Campana ordenó al Gobierno Nacional implementar la normativa desde el 4 de febrero. Rechazó el argumento del «equilibrio fiscal» y sostuvo que el Ejecutivo invadió facultades del Congreso al suspender la ley tras el rechazo del veto.
La pulseada entre el Poder Ejecutivo y la Justicia por los fondos destinados a la discapacidad sumó un capítulo de alta tensión este martes.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, emitió una orden tajante: el Gobierno nacional tiene dos semanas de plazo (hasta el 4 de febrero) para poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que el presidente Javier Milei intentó frenar por todas las vías posibles.
El conflicto se remonta a julio de 2025, cuando el Congreso sancionó la ley para proteger las prestaciones de salud y transporte de las personas con discapacidad ante la inflación y el ajuste. Milei la vetó argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal, pero el Legislativo insistió y rechazó el veto. En una jugada inédita, el Gobierno promulgó la ley pero le agregó un artículo para suspender su aplicación, alegando que el Congreso no explicó de dónde saldrían los fondos.
Las definiciones del Juez que acorralan a la Rosada:
- Plazos fatales: El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tienen solo 5 días para informar cómo avanzan los trámites de implementación.
- Invasión de poderes: El magistrado sostuvo que el Ejecutivo violó la Constitución al suspender una ley que el Congreso ya había ratificado tras el veto. Según González Charvay, el Gobierno se tomó atribuciones que no le corresponden.
- El «argumento económico» es falso: El juez fue durísimo al señalar que la falta de presupuesto no es una excusa válida, ya que la propia ley le da facultades al Jefe de Gabinete para reasignar partidas y conseguir el dinero necesario.
Este proceso, que nació por el reclamo colectivo de dos padres y que hoy tiene alcance nacional, pone en jaque la estrategia de «déficit cero» del oficialismo en un área sensible.
Mientras la Cámara Federal de San Martín aún debe resolver una apelación presentada por el procurador de la Nación, el juez González Charvay decidió no esperar y exigir la implementación inmediata.
Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni la cartera de Salud han emitido comunicados.
Se espera que el oficialismo agote las instancias legales, pero el reloj ya corre: para el 4 de febrero, miles de familias en todo el país —incluyendo a las de Misiones, donde la crisis en el transporte y los centros de día es crítica— esperan que la emergencia sea finalmente una realidad.
