El gobierno venezolano anunció una ley de amnistía general que podría beneficiar a presos políticos, en medio de presión internacional y reclamos de derechos humanos.
El gobierno venezolano anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general que será enviada a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, con el argumento de “favorecer la convivencia” en el país. El anuncio fue realizado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada, durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
En un acto realizado a puertas cerradas y sin presencia de la prensa, Rodríguez aseguró que la iniciativa fue consensuada previamente con Nicolás Maduro y pidió que la normativa sea tratada con rapidez. Según adelantó, la ley podría ser aprobada durante la primera semana de febrero y estaría orientada, en principio, a personas detenidas por razones políticas.
Durante su discurso, la dirigente llamó a dejar de lado la violencia y la venganza, y sostuvo que el país debe transitar una etapa de respeto institucional. Sin embargo, aclaró que la amnistía no alcanzaría a condenados por homicidio, narcotráfico ni delitos comunes, lo que ya genera dudas sobre el alcance real de la medida.
Otro de los anuncios que generó impacto fue la transformación de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del aparato represivo venezolano, en un espacio destinado a actividades sociales y deportivas. La funcionaria no brindó precisiones sobre plazos ni sobre el destino de los detenidos que aún permanecen allí.
El anuncio se produce en un contexto de fuerte presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump condicionó avances en la relación bilateral a la liberación de presos políticos y aseguró tener control sobre el comercio de crudo venezolano. En el mismo sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo ante el Senado estadounidense que la liberación de detenidos forma parte del proceso de “transición” en Venezuela, aunque reconoció que los avances son lentos.
La situación de los extranjeros detenidos también volvió al centro de la escena. Familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani solicitaron la intervención del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para lograr su liberación.
Desde principios de enero se desarrolla un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. No obstante, las cifras oficiales difieren de las que manejan las organizaciones de derechos humanos, y muchos de los liberados continúan bajo estrictas restricciones judiciales, como prohibiciones para expresarse públicamente o usar redes sociales.
Según datos de la ONG Foro Penal, desde 2014 se registraron más de 18.800 detenciones por motivos políticos en Venezuela. Aunque miles fueron excarcelados, más de 11.000 personas continúan sometidas a medidas restrictivas, lo que mantiene abiertas las dudas sobre si la anunciada amnistía marcará un cambio real o será solo un gesto político ante la presión externa.
