A pesar del fallo judicial, la funcionaria Sandra Angélica Barrios no entregó la vivienda. Un abuelo de 90 años clama por justicia en Posadas.
El drama de Hilario Vega parece no tener fin. Pese a que la Justicia Civil de Posadas dictó una sentencia contundente ordenando el desalojo de la propiedad, la impunidad parece ganarle a la ley: la funcionaria Sandra Angélica Barrios continúa ocupando la vivienda mientras el propietario, un abuelo de 90 años, sigue deambulando por despachos oficiales pidiendo recuperar lo suyo.
La Dra. Carmen Helena Carbone fue clara en el expediente N.º 11108/2012: Sandra Angélica Barrios, quien ocupa un cargo en la estructura del Gobierno Provincial, debe abandonar el inmueble de la calle 66 A en el Barrio San Cayetano y pagar una indemnización de apenas $300.000 más intereses.
Sin embargo, según datos que consiguió Revista Entérate, la funcionaria ha hecho caso omiso a la manda judicial, manteniéndose en la propiedad en un abierto desafío a las instituciones.
Detrás de los términos jurídicos hay una realidad humana desgarradora. Hilario Vega, hoy con 90 años, es quien sostiene esta batalla legal desde hace más de una década. De acuerdo a fuentes de este medio, el anciano propietario continúa «golpeando puertas» y solicitando audiencias, viendo cómo el tiempo pasa sin que la justicia se haga efectiva. «Es una burla al sistema que alguien que representa al Estado incumpla un fallo de esta magnitud», sostienen allegados a la causa.
El expediente judicial desarmó cada una de las excusas de la funcionaria, quien intentó validar su permanencia con documentos que la jueza calificó como carentes de seriedad. A pesar de haber sido condenada por «ocupación ilegítima» durante 15 años, la falta de ejecución del lanzamiento permite que Barrios siga viviendo en una casa que no le pertenece, mientras su legítimo dueño ve deteriorarse su salud esperando una solución definitiva.
Dato Extra de Entérate: En casos de desalojo que involucran a personas de avanzada edad como el Sr. Vega, la Justicia suele contemplar la «tutela judicial efectiva» con mayor celeridad debido a la vulnerabilidad biológica del reclamante. Sin embargo, en el Barrio San Cayetano la situación parece estancada.
Un dato histórico de este barrio de Posadas es que nació como un plan de relocalización de la EBY, diseñado justamente para dar seguridad habitacional a familias que hoy, como en el caso de Hilario, ven sus derechos vulnerados por quienes deberían dar el ejemplo desde la función pública.
