Alejandro Álvarez cuestionó la eficiencia del gasto y la cantidad de docentes. El Gobierno mantiene congelados $79 mil millones para hospitales.
Tras la masiva movilización que colmó la Plaza de Mayo y las principales ciudades del país, el Gobierno Nacional mantuvo una postura de confrontación y minimizó el impacto de la protesta. Mientras el presidente Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos, expresando su descontento a través de redes sociales, sus funcionarios calificaron la jornada como una «marcha política» impulsada por la oposición.
Guerra de cifras y foco en la eficiencia
Uno de los puntos de mayor fricción tras la desconcentración fue la disparidad en la estimación de los asistentes:
Estimación Oficial (Casa Rosada): Informaron la presencia de apenas 135 mil personas.
Estimación Universitaria (CIN): El presidente del Consejo Interuniversitario, Franco Bartolacci, cifró la convocatoria en más de 1.500.000 personas en todo el país.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, insistió en que la causa fue «instrumentada» por dirigentes sindicales y políticos como Axel Kicillof y Sergio Massa. Además, desplazó el eje de la discusión presupuestaria hacia la eficiencia del gasto, cuestionando la relación entre la cantidad de graduados y el número de docentes.
La crisis salarial en números
Pese a los intentos oficiales por llevar la discusión al plano administrativo, los indicadores económicos reflejan un escenario crítico para los trabajadores de la educación superior:
Pérdida de Poder Adquisitivo: Los salarios universitarios perdieron un 33,7% en los últimos dos años, una caída casi diez veces superior a la del sector privado.
Recorte Real: El financiamiento para el Desarrollo de la Educación Superior ha caído un 41,2% en términos reales según proyecciones para este año.
Planta Docente: Álvarez planteó que «hay cerca de 200 mil docentes» y que el nombramiento de personal por encima del presupuesto impide los aumentos salariales. «El presupuesto es finito», sentenció.
El conflicto por los Hospitales Universitarios
La tensión también se traslada al área de salud. Mientras los directivos de los hospitales de la UBA denuncian que no recibieron fondos en lo que va del 2026, el Gobierno admitió que mantiene frenada una partida de $79 mil millones.
El argumento oficial es un cambio de criterio en la administración de estos recursos, aunque la comunidad académica advierte que la atención médica en los centros universitarios corre peligro inminente.
