Jueces, fiscales y 13 testigos recorrerán la casa de la abuela Catalina, el naranjal y la zona del botín. Buscan medir tiempos y distancias antes del inicio del juicio del 16 de junio.
La causa judicial entra en su etapa de definiciones territoriales. A pocas semanas del inicio del debate oral y público, una comitiva integrada por jueces, fiscales, abogados defensores y una decena de testigos clave se trasladará al terreno para reconstruir los últimos pasos del menor. El objetivo principal de las autoridades es vivenciar de manera directa las distancias, los tiempos de traslado y la geografía del escenario que marcó el inicio del misterio.
El procedimiento judicial está programado para dar inicio formal a las 10:00 horas. El recorrido técnico comenzará en el patio de la vivienda rural y se extenderá hacia los puntos neurálgicos de la reconstrucción, incluyendo el monte de cítricos, un establecimiento hotelero céntrico y los sectores periféricos donde se hallaron las primeras pistas de la búsqueda.
Medir tiempos y reconocer el terreno
Fuentes tribunalicias confirmaron que la medida busca aportar una dimensión espacial y real que resulte determinante al momento de contrastar los relatos de los sospechosos. «Queremos conocer estos lugares, observar, percibir qué fue lo que pasó. Medir tiempos y todas las dimensiones geográficas, eso se pretende con la inspección», explicaron los voceros de la fiscalía.
- El itinerario pericial de la jornada abarcará cuatro sectores considerados fundamentales para la acusación:
- La vivienda de la abuela Catalina: Punto cero donde se desarrolló el almuerzo familiar antes de la desaparición.
- El naranjal de El Algarrobal: Paraje donde los imputados aseguran haber visto al menor por última vez antes de perder su rastro.
La zona del botín: Terreno donde fue hallada la zapatilla de la víctima, un elemento que los investigadores sospechan que fue colocado intencionalmente para desviar los rastrillajes iniciales.
El Hotel Despertar del Iberá: Establecimiento donde se alojaron los familiares directos durante las primeras jornadas de conmoción.
La delegación del Ministerio Público Fiscal (MPF) estará compuesta por un cuerpo de funcionarios designados especialmente para el debate oral. Aunque los 13 testigos convocados no brindarán declaraciones testimoniales formales durante la caminata, se les tomará juramento de decir la verdad para que puedan señalar con precisión los lugares exactos y describir las circunstancias del hecho ante el tribunal.
Los acusados en el banquillo
El juicio oral comenzará el próximo 16 de junio en los Tribunales Federales de Corrientes. El proceso sentará en el banquillo a un primer grupo de siete personas imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellos se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, la tía de la víctima Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el excomisario Walter Maciel, este último comprometido además por el supuesto desvío de la investigación inicial.
En paralelo, un segundo grupo de diez personas vinculadas a una organización privada enfrentará cargos por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos, acusados de haberse hecho pasar por integrantes de una fundación de asistencia social con el aparente fin de dilatar y obstruir las pesquisas de la justicia federal.
