Una abogada tuvo que presentar los papeles directamente en el edificio comunal porque el jefe comunal no tiene un domicilio legal registrado. El juzgado exige informes urgentes sobre el caso.
Un fuerte revuelo institucional y administrativo se generó en las últimas jornadas dentro de las dependencias oficiales de la comuna, al confirmarse el ingreso de un reclamo económico que involucra de manera directa a la máxima autoridad del departamento ejecutivo local a través de los carriles de la justicia de familia.
El trámite se inició en horas de la mañana, cuando la abogada Gisela Subizar, integrante de un conocido bufete de juristas con sede en la capital provincial, acudió personalmente hasta las mesas de entrada de la Municipalidad de Garupá. La profesional se presentó con el objetivo de hacer efectiva la entrega de una notificación y un oficio formal dictado por la magistrada titular del Juzgado de Familia local.
El instrumento emitido por las autoridades judiciales exige la confección de un informe sumamente detallado en el marco de un expediente caratulado por el reclamo de prestaciones de alimentos, el cual fue promovido formalmente por la ciudadana Sra. Benítez en contra del actual jefe comunal, Sr. Luis Armando Ripoll.
Las razones del procedimiento
El motivo por el cual la notificación debió ser asentada directamente en los mostradores del palacio comunal responde a una particularidad técnica del expediente: según explicaron las fuentes ligadas al ámbito de los tribunales, la parte demandada, el Sr. Luis Armando Ripoll, no cuenta actualmente con un domicilio legal debidamente declarado en las actas de la causa. Ante esta falta de un espacio físico legal de carácter civil, la magistrada a cargo dispuso que se recurra de forma perentoria al informe de los registros del municipio para poder dar curso definitivo a las etapas del proceso.
Durante el acto de entrega, el personal administrativo de la Municipalidad de Garupá mostró una predisposición colaborativa, procediendo al sellado y recepción de la documentación de manera correcta para dar inicio formal al expediente interno de respuesta.
A partir de esta validación en las planillas, las asesorías legales internas de la comuna deberán abocarse a la elaboración de las contestaciones formales que exige el despacho de la jueza. Las alternativas institucionales continuarán bajo análisis vecinal, entendiendo la trascendencia de que las esferas públicas den estricto cumplimiento a las directivas de los tribunales para velar por los derechos familiares en la comunidad.
