El Consejo General de Educación emitió un comunicado sobre la destitución de Valeria Paraná en Paraje Barbacuá. La docencia duda de las denuncias oficiales.
Las autoridades educativas emitieron un extenso informe que genera fuertes contradicciones en medio de una protesta que lleva jornadas de acampe bajo la intemperie. Mientras desde arriba alegan supuestas irregularidades normativas y denuncias archivadas, el entorno gremial sospecha de un armado político para desplazar a la conducción del establecimiento rural.
Un escenario de extrema tensión y sospechas cruzadas envuelve la destitución de la máxima autoridad de un establecimiento escolar del interior provincial, un caso que pasó de las oficinas administrativas a una protesta en la vía pública que ya lleva varios días de resistencia en una precaria estructura de lona.
El organismo central de educación rompió el silencio mediante un polémico documento con el que pretende clausurar el debate y justificar el desplazamiento de la trabajadora. Sin embargo, los argumentos vertidos por los funcionarios sembraron más dudas que certezas en el ámbito gremial, donde se analiza la legalidad del procedimiento y se denuncia una presunta persecución laboral encubierta detrás de tecnicismos burocráticos.
La controversia se centra en la situación de la Escuela Nº 958, ubicada en el Paraje Barbacuá, donde la jefatura de la institución fue declarada vacante de manera repentina por la conducción educativa. Según la versión del Consejo General de Educación (CGE), la profesional desplazada habría accedido al cargo directivo en el año 2019 mediante mecanismos que las autoridades califican ahora como violatorios de la Ley VI – Nº 6 (Estatuto Docente), argumentando que la designación original en carácter de suplente nunca adquirió firmeza ni generó derechos legítimos.
Desde el sector docente, por el contrario, se cuestiona por qué el organismo tardó siete años en detectar una supuesta irregularidad en un trámite que ellos mismos validaron mensualmente con la liquidación de haberes.
El comunicado de la patronal educativa intenta robustecer su posición enumerando una serie de supuestas denuncias por maltrato y deficiencias en la seguridad del predio, basándose en informes coordinados por la Supervisión Escolar y un relevamiento del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario.
El documento oficial afirma que el 28 de abril de 2026 se dictó la Resolución Nº 2136/26, ordenando la instrucción de un Sumario Administrativo Disciplinario ante la presentación del tutor de una alumna. No obstante, delegados de base ponen bajo un manto de duda la veracidad y la imparcialidad de estas acusaciones, sugiriendo que se trataría de expedientes armados a contrarreloj para forzar la salida de la docente y desactivar sus reclamos de estabilidad.
En un intento por amortiguar el impacto social del conflicto, el CGE aseguró en su informe haber afectado un nuevo cargo de maestro de grado a la escuela y haber dado intervención a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes debido a supuestas irregularidades horarias denunciadas por los padres. Mientras las autoridades sostienen que la docente mantiene su cargo de base bajo las resoluciones Nº 7845/24 y Nº 3376/26, la persistencia del acampe frente a la sede oficial expone una realidad completamente distinta, donde la comunidad educativa sigue exigiendo transparencia y la revisión total de una medida que consideran arbitraria.
