Negociación límite de Patricia Bullrich y Martín Menem. El PRO, liderado por Martín Goerling, exige la renuncia de Adorni por ocultar US$500.000 en criptomonedas.
En una febril reunión de labor legislativa, las espadas del Gobierno consiguieron postergar el debate en el recinto por una semana. Sin embargo, la oposición logró blindar el temario para activar un histórico mecanismo constitucional de remoción si el Ejecutivo no desplaza de inmediato al funcionario envuelto en un escándalo fiscal.
Un complejo ajedrez político se desató en las últimas horas en el principal recinto parlamentario del país, donde los negociadores de la fuerza gobernante debieron ceder espacio en la agenda de comisiones para desactivar un inminente pedido de juicio político y censura ministerial que amenazaba con dinamitar los acuerdos de gobernabilidad.
Aunque el oficialismo consiguió un respiro temporal para reorganizar sus líneas y buscar consensos individuales, la presión de los bloques aliados dejó en claro que el margen de maniobra es mínimo y que el temario de la próxima convocatoria incluirá de forma inexorable los expedientes de impugnación. La conducción del Estado intenta blindar la figura del funcionario cuestionado mediante muestras de respaldo territorial, mientras los sectores dialoguistas advierten que el costo político de sostenerlo en el cargo paralizará por completo el tratamiento de las reformas estructurales que restan debatir.
El acuerdo definitivo se selló tras una frenética reunión de Labor Parlamentaria en el Senado de la Nación, donde La Libertad Avanza (LLA) consiguió suspender la sesión prevista para este jueves y postergar la interpelación al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, fijando la nueva fecha de debate para el próximo jueves 25 de junio de 2026. En caso de que la votación de la oposición resulte afirmativa, el ministro coordinador quedará obligado a comparecer ante el recinto el jueves 2 de julio de 2026, coincidiendo de forma exacta con la fecha de su segundo informe de gestión ante la Cámara Alta.
A la salida del encuentro, la jefa de la bancada oficialista y senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, admitió el complejo panorama frente a la prensa: “Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura; informaré al Poder Ejecutivo y veremos qué pautas se toman”. Asimismo, al ser consultada sobre el respaldo del presidente Javier Milei al funcionario, la legisladora aseguró que el mandatario considera que «no mintió o dio una explicación razonable», sentenciando que no hay nada que cuestionarle.
La postura del Poder Ejecutivo choca de frente con la de sus principales socios parlamentarios, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), quienes incrementaron la presión pública tras confirmarse que el jefe de Gabinete omitió declarar una cifra cercana a los US$500.000 dólares provenientes de fondos no registrados e inversiones en criptomonedas. “La gente le picó el boleto. Es muy grave mentir en el Congreso cuando dio su informe de gestión. Perdió la credibilidad para administrar el Estado y pedimos que dé un paso al costado”, disparó con dureza el jefe de la bancada del PRO en el Senado, el misionero Martín Goerling.
Para intentar desactivar la bomba institucional que significaría aplicar la Moción de Censura por primera vez desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la Casa Rosada armó un comité de emergencia integrado por Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem, su primo Eduardo Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quienes tendrán la tarea de contener los votos de los bloques dialoguistas durante estos siete días de prórroga.
Mientras tanto, el Gobierno planea una fuerte foto de respaldo político para este sábado 20 de junio de 2026, donde el funcionario cuestionado compartirá escenario con el Presidente y todo el Gabinete en la ciudad de Rosario, durante el acto oficial por el Día de la Bandera.
