La defensa legal activó un reclamo ante un organismo internacional solicitando levantar las restricciones para ejercer cargos y revisar el régimen de detención.
La batalla por las derivaciones judiciales del caso de la obra pública sumó un nuevo capítulo fuera de las fronteras nacionales.
En una movida que busca desarticular las sanciones impuestas por la Justicia argentina, el equipo de abogados de la ex mandataria recurrió a instancias internacionales con un paquete de medidas de emergencia dirigidas a revertir los impedimentos para competir en las urnas y modificar el esquema de custodia.
El reclamo, presentado formalmente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se estructura sobre tres pedidos puntuales: la suspensión inmediata de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la flexibilización de la prisión domiciliaria que cumple en el departamento de Constitución y un cuestionamiento directo a la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En conferencia de prensa, los letrados Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim pretendieron justificar la avanzada internacional quejar de la vigilancia.
Entre los argumentos expuestos, cuestionaron la presencia policial en la puerta del edificio, los fallos del dispositivo electrónico y los límites a las visitas, enmarcándolo como una supuesta maniobra para apartarla de la competencia electoral.
Mientras aguardan que el organismo internacional evalúe las cautelares en sus sesiones de octubre y noviembre, la defensa insiste en que las eventuales resoluciones serán de cumplimiento obligatorio para el país. La jugada deja en evidencia la clara intención de eludir el fallo de la Justicia local por la causa Vialidad y perforar el cerco legal que hoy le impide ocupar cargos en la función pública.
