La Casa Rosada anunció la reforma del Banco Central junto al «grillete fiscal», una regla que congelará salarios de funcionarios e interrumpirá transferencias si las cuentas entran en rojo.
El Poder Ejecutivo lanzó un agresivo paquete de iniciativas legislativas con el que pretende blindar el equilibrio fiscal y cerrar de forma definitiva las vías de emisión monetaria.
En un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y rodeado por la cúpula ministerial y las espadas parlamentarias del oficialismo, el mandatario presentó lo que calificó como el conjunto de reformas de mayor impacto en casi un siglo, articulado en tres ejes: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma del mercado de capitales y seguros, y la imposición del denominado «grillete fiscal».
El proyecto para la entidad monetaria busca demoler la estructura normativa heredada de 2012. Entre los cinco puntos centrales, la norma circunscribe el rol del organismo únicamente a defender la moneda, prohíbe de manera taxativa la emisión para financiar al Tesoro, provincias o municipios, elimina las Letras Intransferibles y establece un cerrojo a la remoción del directorio, requiriendo el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazar a sus autoridades.
Sin embargo, el tramo más severo de la batería de medidas se concentró en la regla del «grillete fiscal», diseñada para impedir la aprobación de presupuestos con déficit. El mecanismo prevé que, si el déficit persiste durante varios meses consecutivos, el Parlamento tendrá un lapso acotado para restablecer el superávit. De lo contrario, se activará de forma automática un «shutdown» o apagón estatal: se paralizarán obras, se congelarán contrataciones y se frenarán los giros discrecionales a las provincias.
Como medida de presión directa sobre la clase política, la norma establece que mientras rija el apagón fiscal, ni el Presidente, ni el vicepresidente, ni ministros, legisladores o secretarios de Estado percibirán sus haberes.
Con la presencia del equipo económico y los principales referentes legislativos en escena, la Casa Rosada busca forzar al Congreso a respaldar un esquema donde los costos de la falta de sintonía fiscal caigan de lleno sobre los propios gobernantes.
