Además de ser condenada a prisión perpetua, la Justicia determinó que la mujer forme parte del Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
Páez, la madrastra de Lucio, fue encontrada culpable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.
Por encontrarse culpable del delito de abuso sexual, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, conformado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, determinó que la mujer debería formar parte de la lista nacional de abusadores sexuales.
En ese sentido, según la resolución a la que accedió PERFIL, Páez integrará el Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (RACIS) de la provincia de La Pampa, la cual tiene un convenio con el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).
En el RNDG figuran solamente los perfiles genéticos de quienes fueron condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual y los aportantes desconocidos procesados a partir de evidencias halladas en una escena de un crimen por esos mismos tipos de delitos.
Por su parte, el RACIS, que es «estrictamente confidencial», cuenta con una ficha con los datos personales de los abusadores. Entre ellos, detalla nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, huellas dactiloscópicas y genéticas, fotografía, el domicilio donde vive actualmente y donde ocurrieron los hechos, descripción de los delitos que llevan a su registración, su carácter de participación en dichos delitos y pena recibida.
Espósito Valenti, la madre de Lucio, fue absuelta del delito de abuso sexual, por lo que su perfil no formará parte ni del RACIS ni del RNDG.
En su caso, el Tribunal entendió, de forma unánime, que se debía aplicar el principio de in dubio pro reo, es decir, el beneficio de la duda en favor de la imputada. Sin embargo, tanto la querella como la fiscalía anunciaron que van a apelar esta decisión.
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