El fiscal Gerardo Pollicita halló el comprobante en el iPhone 15 de Matías Tabar. El juez Ariel Lijo dio 72 horas a Rosen para identificar los pagos de la refacción.
Los investigadores judiciales detectaron una facturación sospechosa por una descomunal cifra en artículos suntuarios de hogar. Sospechan que una empleada de la Casa Rosada prestó su identidad para ocultar los gastos reales de un altísimo funcionario investigado por la justicia federal.
Una serie de cruces tecnológicos y peritajes informáticos de alta complejidad ordenados por los tribunales federales hicieron dar un vuelco definitivo a una causa por presunta corrupción pública, descubriendo un circuito de facturación paralela que involucra directamente al funcionario del Poder Ejecutivo Nacional.
El hilo conductor de la pesquisa surgió tras la apertura de dispositivos móviles secuestrados a un proveedor de servicios logísticos, donde los analistas de delitos económicos detectaron comprobantes emitidos por montos millonarios en locales comerciales de máxima categoría que no guardaban correlación con los ingresos de los titulares registrados. Ante la sospecha de que se trate de una maniobra de interposición de personas para enmascarar incrementos patrimoniales indebidos, las autoridades firmaron mandamientos urgentes para auditar los medios de pago físicos y las direcciones de entrega de la mercadería.
La derivación judicial se originó a partir del peritaje técnico sobre el teléfono iPhone 15 perteneciente al contratista Matías Tabar, encargado de refaccionar la propiedad que el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posee en el country Indio Cuá. Las pericias ordenadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita arrojaron que una empleada de la Vocería Presidencial, identificada como Gisela Kocsis —quien se desempeñaba como secretaria privada en la cartera de Medios y Comunicación en marzo de 2025—, figuraba como titular de una factura por un monto total de $8.183.303 pesos.
El comprobante fue emitido el 2 de junio de 2025 por la firma Rosen The Store (razón social Industria Argentina del Descanso S.A.) en concepto de indumentaria de cama y blanquería de alta gama. Para esa fecha exacta, el ministro coordinador y su esposa, Bettina Angeletti, finalizaban las obras en el lote de Exaltación de la Cruz y se encontraban a cuatro meses de concretar la compra de un semipiso en la calle Miró, dentro del barrio porteño de Caballito. Según la declaración del propio contratista, su rol excedía las refacciones y oficiaba de intermediario y gestor de compras con proveedores a cambio de comisiones.
Frente a este hallazgo, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó este miércoles 17 de junio de 2026 una batería de medidas al juez de la causa, Ariel Lijo, exigiendo a la empresa un plazo perentorio de 72 horas para entregar remitos, constancias de acreditación y comunicaciones comerciales.
Las órdenes judiciales buscan establecer la modalidad de cancelación del pago y la identidad real de quien retiró o recibió los productos. El nombre de la empleada estatal ya constaba en los registros de ingresos a la Casa Rosada del pasado 22 de octubre de 2025, fecha en la que también concurrió Bettina Angeletti y el gestor inmobiliario Pablo Martín Feijoo.
La causa principal por presunto enriquecimiento ilícito busca verificar la coartada de Manuel Adorni, quien intentó justificar su nivel de vida mediante la posesión de US$500.000 dólares en ahorros no declarados y presuntas operaciones con activos digitales y criptomonedas iniciadas en el año 2013.
