Comienza el juicio por la Causa Cuadernos, con Cristina Kirchner y exfuncionarios acusados. Ernesto Clarens reafirmará sus dichos como arrepentido.
Este jueves comienza uno de los juicios más trascendentes de las últimas décadas: la Causa Cuadernos, que sienta en el banquillo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a exfuncionarios y empresarios señalados por un presunto entramado de sobornos vinculados a la obra pública.
El proceso, encabezado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, involucra a 174 procesados, de los cuales 26 declararon como arrepentidos, y abarca más de 540 hechos bajo investigación.
Entre los nombres clave figura Ernesto Clarens, histórico financista del kirchnerismo, quien deberá ratificar ante el tribunal su versión para conservar los beneficios obtenidos por su colaboración con la Justicia.
Clarens, de 74 años, había revelado que su papel consistía en convertir los aportes ilegales de las empresas constructoras en dólares o euros, que luego eran entregados a Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner.
Según su testimonio, el dinero era trasladado en efectivo al Hotel Panamericano o al departamento del matrimonio Kirchner en Juncal y Uruguay, y finalmente almacenado en una bóveda de la casa de El Calafate, “donde había un olor a tinta muy fuerte”, detalló el financista.
La investigación tuvo su origen en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, quien registraba minuciosamente los viajes en los que funcionarios y empresarios transportaban los presuntos sobornos. Esos apuntes fueron la base del caso que, desde entonces, se conoce como la Causa Cuadernos de las Coimas.
Durante la instrucción, varios implicados aceptaron haber participado del esquema de retornos, entre ellos empresarios del sector de la construcción y exfuncionarios del Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido.
La expectativa en Comodoro Py es alta: se trata del primer juicio oral que busca determinar si existió una red sistemática de recaudación ilegal que, según las denuncias, habría funcionado durante más de una década bajo la gestión kirchnerista.
