El femicida había estado preso por amenazar a la misma victima con un arma, cuando salió se reconciliaron y el final fue trágico
Conmoción en la localidad santiagueña de Fernández por el brutal feminicidio de una joven de 16 años a manos de su novio de 23 años, quien se disparó en la cabeza tras cometer el crimen.
El suceso se produjo en la noche del domingo en una vivienda de Suri Pozo, una zona rural de la localidad de Fernández, situada a 45 kilómetros de la capital provincial. Hasta allí llegaron Gustavo Santillán y Agustina Ibáñez, una pareja que mantenía una relación enfermiza o tóxica: se habían separado en 2021 y habían vuelto a salir unos meses después.
Él había estado siete meses preso, después de que la madre de ella lo denunciara por amenazar a su hija con un arma. Cuando salió en libertad tenía una orden de alejamiento. Al cabo de un tiempo, empezaron a verse de nuevo.
La madre del presunto feminicida fue la única que acudió a la comisaría para informar de que su hijo tenía problemas con su compañera y dio a la policía la dirección en la que se encontraban.
Cuando la policía llegó al lugar ya era tarde, Ibáñez ya había fallecido y Santillán estaba gravemente herido.
El joven de 23 años fue trasladado en ambulancia al Centro de Salud Banda, donde ingresó en estado grave con una herida de bala en la cabeza. Los médicos lo diagnosticaron muerte cerebral.
El informe preliminar indica que Agustina Ibáñez tenía una sola herida de bala en la cabeza, aún que todavía se aguardan los demás resultados de la autopsia, los investigadores hallaron un revólver calibre 32 en la escena del crimen, por lo que será examinado en las próximas horas.
La fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar La Banda, María del Pilar Gallo, informó a la agencia Télam que el femicidio se produjo en una vivienda que estaba en construcción. «Era efectivamente de una sola habitación, en un lugar montuoso, no había vecinos, ni al lado ni al frente, por lo que no hemos podido entrevistar a nadie de la zona», explicó.
Gallo, que lleva el caso junto con colaboradores de la División de Homicidios y Delitos Complejos de Banda, también explicó que el terreno donde se cometió el crimen, pertenecía a la familia de la joven asesinada y no a la familia del agresor.