A través del Decreto 206/2026, se oficializó un aumento escalonado que arranca en 2,50% y llega a mayo con 1,50%. Conocé los nuevos topes para servicios extraordinarios.

 

 

 

En un lunes marcado por la reorganización administrativa, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 206/2026, que establece la nueva hoja de ruta para las remuneraciones de los empleados públicos. La normativa, que tiene carácter retroactivo, busca unificar los criterios de liquidación y establecer un sendero de previsibilidad salarial para el personal permanente y transitorio durante el primer semestre del año.

 

 

 

 

La medida homologa los acuerdos alcanzados a principios de mes y aplica un esquema de incrementos mensuales que se calculan sobre la retribución vigente del mes inmediato anterior. Esta metodología de «acumulación» busca compensar la inercia inflacionaria sin desbordar las metas de superávit fiscal que sostiene la gestión económica.

 

 

 

El cronograma de las subas: De enero a mayo

 

 

 

El esquema de actualización se divide en cinco tramos diferenciados, con una tendencia a la baja en los porcentajes finales:

 

  • Enero: 2,50% (Retroactivo)
  • Febrero: 2,20%
  • Marzo: 2,00%
  • Abril: 1,70%
  • Mayo: 1,50%

 

 

 

Topes para servicios extraordinarios y suplementos

 

 

 

Un dato clave del decreto es la fijación de los techos salariales para las horas extra y servicios extraordinarios:

 

 

  • Para enero, el tope se ubicó en $791.210.
  • Para el cierre del cuatrimestre (abril/mayo), el máximo alcanzará los $851.392.

 

 

 

 

 

Es importante destacar que estos montos no contemplan adicionales por zona (un punto sensible para los trabajadores de Misiones) ni premios por asistencia.

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la normativa extiende los ajustes a los reintegros por gastos de comida y movilidad, impactando directamente en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Las sumas fijas remunerativas no bonificables se mantendrán sin cambios hasta finales de mayo, funcionando como un ancla para evitar una disparidad mayor en la masa salarial del Estado.