La Policía de Junín desbarató un secuestro virtual orquestado desde la Unidad Penitenciaria Nº 13. Un preso y su padre fueron imputados tras exigir $500.000 bajo amenazas.
Un operativo de alto impacto en Junín dejó al descubierto cómo la cárcel se convirtió en la base de operaciones de un secuestro virtual que puso en jaque a una familia. La maniobra fue dirigida desde la Unidad Penitenciaria Nº 13 y terminó con un preso y su padre imputados por el delito de extorsión.
Todo comenzó con la denuncia de un joven que recibió mensajes intimidatorios por WhatsApp. Los delincuentes lo amenazaban con secuestrar a su hermana si no entregaba dinero. Preso del miedo, transfirió $500.000 a la cuenta indicada por los extorsionadores.
La Sección de Investigaciones de Cibercrimen desplegó tareas de inteligencia digital: preservación de la cuenta de WhatsApp a través de Meta, análisis de la trazabilidad de números, rastreo de IPs y pedidos de informes a empresas de telecomunicaciones y bancos. Así se confirmó que el origen del ataque estaba dentro de la prisión.
El cerebro de la extorsión era un recluso de 22 años con 13 antecedentes penales, condenado por robo en junio. Desde su celda, usaba un teléfono celular para amedrentar a la víctima y obligarla a transferir el dinero a una cuenta vinculada a su padre.
El martes, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos: en el pabellón 2 de la cárcel, donde secuestraron un Samsung utilizado para la maniobra, y en el barrio San Martín de Junín, donde incautaron un Z Blade perteneciente al padre del interno. Ambos quedaron a disposición judicial.
Los investigadores advierten que el fenómeno es cada vez más frecuente: “La cárcel es un call center; está llena de celulares que los familiares meten para los presos”, reconoció una fuente del caso.
El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Nº 4, dirigida por la fiscal Pamela Ricci, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 de la jueza María Laura Durante. Desde la Secretaría de Seguridad de Junín advirtieron que este caso refleja la sofisticación del crimen digital y la necesidad de redoblar esfuerzos conjuntos para proteger a la comunidad.
