Manuel Adorni anunció el cierre de la ANDIS tras detectar un descontrol administrativo total. Las funciones pasan al Ministerio de Salud para garantizar transparencia y control.
Nación. El Gobierno Nacional oficializó esta mañana la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo que está bajo la lupa de la justicia por escandalo de sobreprecios y coimas, se había transformado en un aguantadero de manejos turbios y descontrol administrativo. Ahora, todas sus funciones pasarán a la órbita del Ministerio de Salud, bajo la lupa de Mario Lugones.
La decisión no es casualidad y llega después del escándalo por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, pero sobre todo, por las toneladas de mugre que encontraron al auditar las cuentas. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ANDIS gozaba de una autonomía que solo sirvió para acumular capas de burocracia y curros incompatibles con la transparencia.
Además de los recientes escándalos de corrupción se detectaron muertos que percibían prestaciones, entre tanta irregularidades. También casos de familiares que seguían cobrando pensiones de personas fallecidas, trámites aprobados sin un solo papel médico que los respalde y organizaciones fantasma que facturaban millones al Estado sin prestar un solo servicio.
El ejemplo más indignante es el de la Fundación METAS: supuestamente daban clases de apoyo escolar, pero cuando la inspección fue al lugar, solo encontraron una casilla precaria, sin luz, sin agua y llena de escombros y excremento de ratas. Esos son los famosos «derechos» que defendía gobierno anteriores: plata de la Nación que terminaba en los bolsillos de los amigos del poder mientras la gente real vivía en la desidia.
Ajuste a la casta, no a los beneficiarios Adorni fue clarito para evitar que los «profetas del miedo» salgan a decir cualquier cosa: las prestaciones y pensiones no se cortan. Lo que se corta es la joda de los intermediarios. Con este traspaso, se eliminan 16 cargos políticos —un hachazo del 45,7% a la estructura jerárquica— y se imponen auditorías permanentes para que cada peso llegue a quien realmente lo necesita.
El objetivo es que la política de discapacidad tenga criterio sanitario y trazabilidad. Se acabó el reparto discrecional de fondos para financiar la militancia. A partir de ahora, será el Ministerio de Salud el que administre con transparencia, buscando que el dinero de los impuestos no termine alimentando a las «mafias de las pensiones» que florecieron durante años bajo el amparo de la política tradicional.
