El Gobierno convocó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y al Grupo de los Seis para avanzar en la formación de una mesa tripartita. El encuentro está programado para este miércoles inicialmente y es el primer contacto entre el Ejecutivo y la central sindical después de la salida de Pablo Moyano, el líder de Camioneros.
La mesa política del país busca fortalecer el lazo con los líderes sindicales dialogantes en medio de las tensiones con Camioneros por la advertencia de Hugo Moyano de pedir un paro nacional. Además, busca negociar una amplia reforma laboral para tratar en las sesiones regulares durante 2025. También incluye cambios en el sistema de pensiones.
El encargado de organizar la reunión es el jefe de gabinete, Guillermo Francos. En Balcarce 50 esperan que asistan el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).
La Casa Rosada también citó a Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Natalio Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina).
La reforma laboral es parte de las propuestas que el Gobierno quiere promover a través del Consejo de Mayo, que busca realizar a principios de 2025. La mesa pequeña de Balcarce 50 pretende negociar los próximos cambios en la legislación laboral con la CGT dialogante. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, lidera las negociaciones.
Apuntan a hacer cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para promover la formalidad, con el fin de que haya más personas que aporten al sistema de pensiones y que se aumenten las afiliaciones a los sindicatos. “Queremos crear un sistema de acuerdo entre privados en el que no se involucren más partes de las necesarias”, dijo un funcionario en una entrevista en TN.
La Casa Rosada también está considerando bajar impuestos al trabajo -como las cargas sociales- y se comprometió con la central sindical a no proponer una reforma sindical en el corto plazo. Descarta presentar un proyecto de ley con los puntos del DNU 70/23 que fueron detenidos por la Justicia, como la opción del pago de la cuota solidaria.
Lo mismo pasa con la penalización de las reuniones de trabajadores y de las formas de protesta, junto con la eliminación de la ultraactividad (prórroga) de los convenios colectivos, que busca imponer los acuerdos específicos en lugar de los demás. Tampoco tienen planes de limitar las elecciones sindicales ni cambiar el esquema de obras sociales.
El Gobierno ya hizo cambios a las reglas de la reforma laboral que incluyó en la Ley Bases a pedido de la CGT. Los equipos técnicos de Nación y de la central sindical trabajaron juntos en el documento.
Se refiere al artículo 97 que establece que los trabajadores independientes pueden contratar hasta tres personas para un negocio productivo sin que exista una relación de dependencia. Incluye el aporte individual de una cuota mensual que abarca el régimen de pensiones, la obra social y el seguro. Nación decidió no regular el artículo 94, que penaliza los bloqueos sindicales.
El Gobierno ya aprobó la creación de un fondo para el pago de desempleo opcional por acuerdo y sector, similar al de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), y decidió establecer un período de prueba de seis meses que podría extenderse a ocho meses en las empresas que tengan entre seis y cien empleados.
La mesa chica ampliada de la CGT se reunió después de la renuncia de Pablo Moyano, quien fue sustituido por Octavio Argüello, y decidió no convocar a un paro general. La central sindical reafirmó su intención de dialogar con la Casa Rosada. Hugo Moyano amenazó este viernes también con tomar acciones si no logran acordar un aumento salarial del 15% para el período de diciembre a febrero.