La marcha del martes por las Universidades Federales moviliza a estudiantes, profesores, ex alumnos, directores, dirigentes sindicales y políticos opositores al gobierno, es un reclamo para rechazar los cambios presupuestarios en las universidades públicas.
Una de las claves del reclamo que se dará en gran parte del país, es apoyar la financiación de la educación, dado a que la financiación para la educación superior se encuentra actualmente en su nivel más bajo, según un informe de la ACIJ.
Sin embargo, el conflicto también forma parte de lo que llama la oposición al gobierno de Milei, una «campaña gubernamental para desacreditar el sistema universitario» . Para el peronismo y los movimientos agitadores de izquierda, que manejan gran parte de las universidades, es una afrenta al sistema educativo que desde el gobierno se hable de adoctrinamiento en las universidades y se diga que hay falta de transparencia en el uso de los fondos.
Hay 57 universidades estatales que cuentan con un total de 2.065.115 estudiantes y 216.279 empleados, entre, docentes, profesores universitarios y preuniversitarios, directivos y personal no docente. Según los últimos datos oficiales de 2022, sólo el 15% de los docentes ocupan puestos con dedicación exclusiva en la universidad.
También dicen los datos financieros de las universidades que el 90% de los gastos de las mismas son para el pago de sueldos.
Marcha política
En un principio se había convocado a una marcha sin consignas políticas partidarias. Proponían que se usen banderas argentinas y en las redes había circulado una invitación para que cada una de las personas lleven un libro.
Pero todo se desdibujó y se tiñó de una marcha política de la oposición, cuando el kirchnerismo, la CGT, la UCR, la Coalición Cívica y los movimientos de izquierda tomaron la posta de la movilización y el reclamo es ahora una puja política.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que la medida está “incentivada por la política”.
El gobierno dijo que aplicará el protocolo antipiquete, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguró que la seguridad estaba “está garantizada”.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la solicitud de presupuesto como una “berrinche”, porque ya se había anunciado un aumento del presupuesto universitario.
El Ministerio de Capital Humano, del que dependen las universidades nacionales, había comunicado el jueves pasado a última hora una “propuesta consensuada” con las universidades, pero desde las casas de estudio desmintieron haber llegado a un acuerdo. La semana pasada el Gobierno ofreció un aumento del 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios. Esos fondos se depositaron el lunes, según informó el Ministerio.
Los fondos ya acordados fueron transferidos el lunes, según informó el Ministerio de Capital Humano. El comunicado oficial señaló que las universidades públicas recibieron $21.888 millones del Estado nacional para su funcionamiento. “Este gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada”, planteó el comunicado, encabezado con el lema “la educación pública es un derecho, auditar es una obligación”.
El lunes, al comunicar que había transferido los fondos correspondientes a las universidades, el Ministerio de Capital Humano planteó que la actualización de las partidas tras la inflación récord acumulada desde 2023 puso fin a “la política de congelamiento presupuestario del gobierno anterior”.
Si bien todo el Estado nacional está recortando gastos, desde ACIJ advierten que “la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional”. De acuerdo con estas cifras, el sistema educativo incluyendo el universitario está sufriendo una porción proporcionalmente mayor del recorte del gasto público.