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Mañana se llevará a cabo una audiencia en Comodoro Py en la que se decidirá si la ex presidenta será condenada a seis años de prisión y a una posible inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que llevó a Cristina a un largo descargo en redes sociales

 

 

La carta de Cristina Kirchner fue compartida en sus redes sociales antes del veredicto que se conocerá mañana en la causa Vialidad en la Sala B de Comodoro Py 2002. De acuerdo con sus declaraciones, la investigación en su contra está siendo utilizada como una estrategia para sacarla permanentemente de la arena política. En los pasillos de los tribunales se esperaba que la sentencia fuera confirmada, y este pronóstico también fue compartido por los seguidores del kirchnerismo, quienes planeaban realizar una clase pública afuera del edificio de Retiro para denunciar el uso de la justicia con fines políticos.

 

 

“¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”, afirmó.

 

 

 

La ex presidenta fue acusada de un delito que, según ella misma afirmó, nunca pudo haber cometido durante su mandato. “El de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015″.

 

 

 

“La Causa Vialidad empezó como un show y va a terminar de la misma manera”. Incluso bromeó: “Tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirtha Legrand que con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunas de treinta querrían. A veces desde el humor se pueden entender mucho mejor las cosas”.

 

 

 

La ex presidenta comparó su situación con la persecución judicial que sufrieron figuras como Fernando De la Rúa y Mauricio Macri. A su criterio, tanto políticos se vieron favorecidos por un sistema judicial cómplice que los protegió en investigaciones sobre corrupción, endeudamiento y represión. A modo de ilustración, mencionó la represión del año 2001 durante la gestión de De la Rúa, donde perdieron la vida 31 personas y se impusieron condenas con penas de inhabilitación inferiores a las que actualmente está enfrentando.

 

 

“Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran”, agregó.

 

 

 

La recién nombrada presidenta del PJ declaró: “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”.

 

 

 

En diciembre del 2022, después de un extenso debate público, el Tribunal Oral Federal 2 dictaminó sentencias de entre tres y seis años de prisión para Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz. La acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola resumió su caso como «corrupción o justicia». El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz, Héctor Garro, fueron absueltos.

 

 

 

La condena a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública trae aparejada la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

 

 

 

 

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