La expresidenta Cristina Kirchner pidió al tribunal dejar sin efecto el embargo de sus bienes por $684 mil millones en la causa Vialidad y cuestionó el cálculo del monto.
A horas de cumplirse el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa “Vialidad” paguen $684 mil millones en concepto de decomiso, la exmandataria presentó un escrito para frenar la ejecución de sus bienes y objetar la medida.
El tribunal había ordenado el depósito del monto —equivalente a unos USD 537 millones— en una cuenta judicial como parte de la condena por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso argumentaron que el decomiso busca recuperar “el daño producido al erario público” y el beneficio obtenido por “un gravísimo hecho de corrupción” entre 2003 y 2015.
El valor actualizado del decomiso, calculado por peritos de la Corte Suprema a partir de los $85 mil millones fijados en la sentencia de 2022, se basó en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
En su presentación, junto a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, Fernández de Kirchner sostuvo que los fiscales “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial” que probara qué bienes pueden ser decomisados. Según señaló:
“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo ‘bienes que sirvan a esos fines’ y que consecuentemente puedan ser ejecutados”.
También defendió la legitimidad de su patrimonio y el de su familia:
“Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”.
En otro tramo del escrito, remarcó:
“Debo ser la persona que más veces fue denunciada e investigada a lo largo de la historia argentina. (…) No existió ni existe dentro de mi patrimonio ningún bien que pueda considerarse decomisable en los términos del art. 23 del Código Penal”.
La expresidenta cuestionó además el cálculo del monto, alegando que el tribunal convirtió en definitiva una estimación provisoria “sin sustanciación ni debate previo” y que el uso del IPC generó un aumento “cien veces” mayor, lo que calificó como “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución.
En sus conclusiones, Fernández de Kirchner advirtió sobre una “situación de extraordinaria gravedad institucional” y dijo que la decisión es “un verdadero disparate jurídico” que podría comprometer “la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
El TOF 2 deberá decidir si suspende o no la ejecución de los bienes, mientras la defensa también presentó un recurso de casación para que el monto y el procedimiento sean revisados por el máximo tribunal penal del país.
