La Justicia le dio 10 días laborales a Cristina Kirchner y a los demás imputados en el caso Vialidad para que devuelvan los $684 mil millones establecidos en el fallo.
Simultáneamente, el juzgado tampoco aceptó la solicitud de la defensa de la ex presidenta en relación a que debía abonar apenas el 6% del monto establecido por los peritos de la Corte Suprema.
El perito que presentó CFK propuso que la líder del Partido Justicialista tenía que abonar cerca de $42 mil millones.
No obstante, el TOF N°2 estableció que debe abonar los $684 mil millones que habían determinado los peritos del tribunal.
El presidente del tribunal, el juez Jorge Gorini, pidió al Banco Nación que establezca una cuenta para que los sentenciados efectúen el pago. Además, instruyó a que se incrementen los embargos preventivos para cubrir el monto establecido.
Es importante resaltar que los sentenciados por la causa Vialidad tendrán que ponerse de acuerdo cuánto va a abonar cada uno. El TOF N°2 no especifica cuánto debe abonar cada sentenciado. Es un «concepto solidario» destinado a indemnizar al Estado, por lo que entre los nueve condenados deben decidir entre los mismos.
El veredicto, rubricado por Gorini, concluyó: “Íntimese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente”.
Este lunes, Diego Luciani y Sergio Mola, fiscales, habían pedido una serie de acciones para asegurar el decomiso de los bienes en el caso Vialidad. Particularmente, solicitaron que “las restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa”.
Los fiscales solicitaron al magistrado Gorini un registro a varios organismo para reconstruir todos los bienes muebles e inmuebles que Claudia Insaurralde, esposa de Báez, registró desde 2016 hasta el presente.
Es posible que, para los funcionarios judiciales, la mujer haya actuado como «prestanombre o testaferro» del empresario condenado, o que haya pasado la propiedad de los bienes a un tercero.
En mayo de 2020, Báez concedió a Insaurralde la autoridad para que “con las más amplias facultades que fueran necesarios y/o exigibles, intervenga en sus negocios y asuntos de orden administrativo y comercial. Cualquiera fuera su naturaleza y la jurisdicción a que correspondan”.
Se confirmó que Insaurralde visitó a Báez hace unos días en la prisión de Río Gallegos con el propósito de que el empresario firmara una serie de documentos vinculados a diferentes propiedades.
