jubilacion privilegio cristina

 

 

La ex mandataria es acusada por el Ministerio de Capital Humano, mediante ANSES, de «estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica».

 

 

 

 

Después de informar sobre la eliminación de la jubilación privilegiada, el Gobierno acusó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de «estafa», al afirmar que recibía una compensación por informar que residía en la región austral mientras vivía en la Ciudad de Buenos Aires.

 

 

 

 

El Ministerio de Capital Humano, por medio de ANSES, que pidió ser testigo en el caso, interpuso una denuncia penal por supuestos crímenes de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” contra la ex vicepresidenta, a quien acusan de “haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso”.

 

 

 

 

Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, junto a Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales, los denunciantes, especificaron que el beneficio de la zona Austral solo puede ser obtenida por aquellos con «residencia efectiva o radicación real» en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires».

 

 

 

 

 

“En el caso de la Sra. Fernández de Kirchner, es de público y notorio conocimiento, que su residencia estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como vicepresidente de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)”, detallaron.

                                                                                                      

 

 

 

 

Además, afirmaron que la obtención de dicho beneficio representó “una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como heredera del exmandatario Néstor Kirchner y por sus propios deberes, Cristina Kirchner recibía un salario bruto total de $35.255.297,73, lo que, según el Gobierno, representa casi 136 pensiones mínimas. En presencia, el monto ascendía a $21.827.624,65.

 

 

 

 

 

Mariano De Los Héros, el jefe de ANSES, informó que el 17 de noviembre, la ex funcionaria presentó un certificado de domicilio de Río Gallegos, lo que le otorgaba un suplemento de zona austral de 6.354.523 de pesos mientras residía en Buenos Aires.

 

 

 

 

 

Conforme a ello, mediante la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo determinó que las asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”.

 

 

 

 

 

La acusación contra la ex vicepresidenta es por “haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente)».

 

 

 

 

 

Además, la acusan de “haber insertado o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; haber presentado (usado) ante el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL esas declaraciones juradas con datos falsos”.

 

 

 

 

 

El informe de 18 páginas precisa que, además, el beneficio se cobró mensualmente desde enero de 2016 hasta noviembre de 2011, y que la obtención de las bonificaciones  «habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que configuraría el delito de falsedad ideológica”.

 

 

 

 

 

Según ANSES, la ex vicepresidenta representó «actos de corrupción».

 

 

 

 

La ANSES describió la medida de la dos veces obligatoria como «un acto de corrupción» protegido por Convenios Internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción -CICC- de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -CNUCC-, establecida en 2003.

 

 

 

En respuesta a esto, exigen que el juez constante:

 

 

 

 

Las asistencias de la titular del Senado para verificar su asistencia durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.

Que el Banco Central de la República Argentina informe la radicación de los movimientos de cuenta de Cristina Kirchner durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.

Que el Ente Nacional de Comunicaciones informe la radicación de las llamadas de la línea telefónica titular de la ex mandataria.

Pericias caligráficas para constatar la solicitud de los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social para percibir la bonificación.

Pericial Contable para determinar el monto del perjuicio económico a la ANSES.

 

 

 

 

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