Takuapi Mirĩ denunció penalmente a Petrovalle, por daño ambiental irreversibles en territorios guaraníes
Francisco Silva y Dalmacio Ramos, mburuvicha de las Comunidades Takuapi Mirĩ y Ychyry, denunciaron penalmente a la empresa Petrovalle por apeo ilegal y daño ambiental.
Allí explican que las más de 100 hectáreas destruidas corresponden a “territorio guaraní según demarcación efectuada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, razón por la cual no debe hacerse ninguna actividad que afecte a la Comunidad sin realizar la consulta previa, libre e informada.
“Teniendo en cuenta que en términos jurídicos estamos frente un territorio indígena que ha sido violentado por particulares, se hace indispensable su protección por parte del Estado”, afirmaron en la denuncia, solicitando la intervención de la justicia penal correspondiente de acuerdo a la naturaleza de los hechos.
Seguidamente, explicaron que según las reglamentaciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el territorio es no solo sustento de vida sino identidad cultural para los Pueblos Indígenas.
“La pérdida de tierras ancestrales amenaza la sobrevivencia misma como Comunidades y Pueblos distintos. Por ello cuando se habla de territorio debe entenderse la totalidad del territorio que emplean, lo que incluye los bosques, ríos, montañas y mares costeros, y tanto la superficie como el subsuelo”, argumentaron.
Se han pasado por encima leyes ambientales y reglamentaciones sobre derechos indígenas como el Convenio 169 de la OIT, la Ley 26160 de Emergencia Territorial, y la Ley 26331 de Bosques Nativos, entre otras.
Las Comunidades están constituidas por alrededor de 100 familias compuestas en su mayoría por mujeres y niños. “Nuestro sustento principal deriva de los recursos que obtenemos tanto del monte como del arroyo, que además es la única fuente de agua que disponemos”, indicaron.
Cabe recordar que días atrás el Ministerio de Ecología suspendió el Plan de Uso de Suelo que le había otorgado a la empresa en una superficie de 90 hectáreas, pero el daño es irreversible y hoy corresponde al Poder Judicial garantizar la protección efectiva del derecho y posesión violentada.