Los organismos de Derechos Humanos del peronismo ponen el grito en el cielo en contra de una ley que propone que los presos condenados usen uniformes de color según su peligrosidad, «Es estigmatizante para los presos».
«Es volver a la época del traje a rayas» dicen aquellos que se oponen a esta nueva Ley de Ejecución de Pena, aprobada el pasado mes de diciembre en la Provincia de Santa Fe.
La ley aprobada por las dos cámaras de la provincia, establece un código de vestimenta de un color determinado dependiendo del delito cometido por el detenido y condenado: “La reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe”, dice un fragmento de la ley.
El Ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, dijo que esta nueva normativa se cumplirá y afecta a 9 mil presos de distintas unidades penales santafesinas.
“Llegará el momento en que todos tengan un uniforme diferenciado. Vamos a empezar por distintas categorías. El uniforme te sirve para establecer a dónde va cada preso dentro de la dinámica carcelaria, el que puede pasar esa puerta para ir a un taller, para ir a una escuela… uno tiene que poder visualizarlo”, afirmó.
Cococcioni además adelantó que esta decisión es “una transformación muy severa en las condiciones de detención con herramientas de control mucho más potentes”. Detalló que la ley “permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado según al sector al que pertenecen. Si trabaja o no, si es de alta, media o baja peligrosidad, según el tipo de delito”
Aunque la ley aún no está reglamentada, por lo tanto no se está ejecutando, los organismos de derechos humanos, que en su mayoría son manejados por el peronismo, pusieron el grito en el cielo en defensa de los presos.
Matilde Bruera, diputada peronista con mandato cumplido en diciembre pasado, ex integrante de la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, afirmó que la medida es «ridícula» además agrega que «es estigmatizante para los presos».
“En general la legislación internacional, y la nuestra, dice que la vestimenta del preso es un derecho, que tiene que ver con la dignidad. El preso tiene derecho a usar su propia ropa. Si no tiene, o no quiere, o está deteriorada, puede pedir que le den ropa. Y pueden darle un uniforme, pero si él lo pide. Esto de obligarlos a usar un uniforme es volver al traje a rayas, algo que se derogó hace muchas décadas en el país” Dice Bruera.
“Nunca creí que íbamos a llegar a semejante cosa. El discurso del Ministerio es que esto permite mejorar el manejo de las cárceles porque permite diferenciar a simple vista la categoría de peligrosidad de los presos. Es ridículo, los presos no son tontos. Si consiguen que les vendan celulares, ¿cómo no van conseguir que les cambien el traje?”, agregó Bruera, e incluso analizó la cuestión desde el punto de vista financiero. “¿Cuánto salen los uniformes, tenerlos en buen estado y limpios? En cualquier momento les ponen grilletes”, se preguntó e ironizó.
“Si bien es comprensible la pretensión de mayor seguridad al interior de las cárceles, ya que el autogobierno predispone las violaciones de DD.HH, hay analizar en qué medida sería razonable el establecer uniformes, y sobre todo uniformes que diferencien en categorías a los presos dentro de un mismo establecimiento”, coincidió Kevin Nielsen, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, y agregó: “Esto puede tener un efecto discriminatorio, segregativo y atentar contra los esfuerzos para reintegrar al condenado, es decir, puede ser contraproducente”.