Tras el fallecimiento de Carlos Kolmair, la justicia catalogó el hecho como «muerte dudosa». El expediente no aparece y la familia denuncia que el juzgado y la funeraria se «tiran la pelota».
El duelo por la pérdida de un ser querido se ha transformado en un calvario administrativo y judicial para la familia de Carlos Kolmair. A cuatro meses de su fallecimiento, ocurrido el pasado 27 de octubre, sus allegados denuncian una parálisis total en el Juzgado de Leandro N. Alem, lo que impide la emisión del acta de defunción y deja a una menor de edad en situación de total desprotección.
El caso, que inicialmente fue caratulado por la policía como «muerte dudosa», parece haberse perdido en los pasillos de las dependencias oficiales. Según el relato de la madre y la expareja de Kolmair, cada visita al juzgado termina en una nueva excusa: desde la ausencia del fiscal hasta la supuesta falta de revisión del expediente.
Burocracia y «peloteo» entre instituciones
La situación se agrava por la falta de respuestas coordinadas entre los actores involucrados:
El Juzgado: La familia asegura que les informan que «no hay nada» en el expediente cada vez que solicitan el oficio para el acta. Recientemente, les indicaron que recién ahora pedirían la autopsia por oficio, a pesar de que el hecho ocurrió hace un cuatrimestre.
La Funeraria Alem: Según la denuncia, la empresa se había comprometido a realizar los trámites correspondientes, pero la secretaría del juzgado afirmó que nadie había solicitado formalmente el oficio a través de ellos.
La Fiscalía: Los familiares sostienen que van todas las semanas y la respuesta es siempre la misma: «el fiscal no está» o «todavía no vieron el caso».
Una menor perjudicada
El trasfondo de este reclamo no es solo legal, sino alimentario y de seguridad social. Carlos Kolmair era padre de una niña de un año y ocho meses. Sin el acta de defunción, la madre no puede iniciar ningún tipo de trámite, cobro de pensiones o acceso a ayudas sociales que le corresponden a la menor por derecho.
«Es un descaro», manifestaron desde el círculo íntimo, señalando que la falta de celeridad judicial está perjudicando directamente la calidad de vida de la niña. La familia exige que el juzgado deje de «tirar la pelota» y entregue finalmente el oficio que permita obtener el acta de defunción, cerrando así un capítulo administrativo que solo añade dolor a la tragedia familiar.
