El Gobierno está elaborando una modificación del Código Civil y Comercial que enviaría al Congreso en el transcurso de las sesiones ordinarias. El Ejecutivo se esfuerza en modificar el articulado del libro tercero con el objetivo de promover una desregulación más amplia en el contexto legal comercial.
En Casa Rosada quieren disminuir las regulaciones en los acuerdos entre entidades privadas y a fortalecer la figura de la propiedad privada. Las modificaciones en las regulaciones que establecen los títulos II y IV del libro tercero, que abordan las contrataciones tanto en general como en específico.
Además, desde el ejecutivo nacional buscan promover la mediación y el arbitraje como métodos de solución de disputas entre las partes para prevenir procesos judiciales. “La base de la reforma es que los privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado”, afirman en Nación.
También buscan disminuir los procesos de sucesiones y divorcios. El equipo de abogados de la secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que es responsable del asesor presidencial Santiago Caputo, está realizando las modificaciones.
Desde mediados del 2024, el Gobierno ha estado trabajando en cambios a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) con el objetivo de modificar las relaciones de trabajo entre empleadores y empleados e impulsar la formalidad. Todo esto es parte de lo que firmó el Presidente y los gobernadores en el Pacto de Mayo.
El Ejecutivo sostiene que promoverá una desregulación del marco legal laboral antes de avanzar con una reforma previsional. La propuesta contempla la alternativa de elegir un régimen de jubilación privada, tal como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP “Si no tenemos un nuevo universo de aportantes, no tiene sentido que reestructuremos el sistema”, afirman en Nación.
Además, la Casa Rosada está elaborando una reforma al Código Penal, la cual tiene previsto presentar al Congreso durante el primer cuatrimestre de 2025. Sugiere aumentar las penas y prolongar la condena a perpetua. “Sin un código punitivo, cualquiera roba y sabe que no tiene una consecuencia real”, expresan en el oficialismo.
Desde el Gobierno admiten que buscan introducir modificaciones en el sistema penitenciario, con el objetivo promover la creación de cárceles privadas. También buscan cambiar la figura de femicidio, que se estableció con la Ley 26.791. El responsable de gestionar los pormenores del proyecto es Sebastián Amerio, viceministro de Justicia.