El Ejecutivo lanzó la «Oficina de Respuesta Oficial» para combatir operaciones de prensa. Críticas por la creación de nuevas estructuras estatales en plena política de ajuste.
Nota de Opinión/Política: Entre el combate a la mentira y la contradicción de agrandar el Estado
En un movimiento que parece chocar de frente con el discurso de austeridad y reducción de estructuras públicas, el Gobierno Nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina.
Este nuevo organismo nace con una misión ambiciosa y, para muchos, controversial: señalar falsedades, desmentir operaciones de los medios y «exponer a la casta política» en tiempo real.
Según el comunicado oficial, «informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta». Sin embargo, la medida genera un interrogante inevitable: ¿Es necesaria una nueva repartición estatal, con sus respectivos cargos y presupuesto, para realizar una tarea que bien podrían cumplir las actuales áreas de prensa y vocería?
¿Libertad de expresión o una voz que condiciona?
El Gobierno insiste en que esta oficina es «lo contrario a la censura» y que busca fortalecer la democracia exponiendo la mentira. No obstante, el rol de este organismo plantea dudas razonables:
El juez de la verdad: ¿Quién define dentro de esa oficina qué es una «operación» y qué es una crítica periodística legítima?
Más burocracia: En una gestión que hizo bandera del cierre de ministerios y el recorte de secretarías, la apertura de una oficina dedicada exclusivamente a la «respuesta oficial» suena, como mínimo, paradójica.
El riesgo de la contra-propaganda: Lo que para el Gobierno es «desmentir», para los sectores opositores puede leerse como el uso de recursos públicos para atacar voces disidentes.
El fin de la pauta y el nacimiento del «Relato Oficial»
Desde la Casa Rosada argumentan que, tras el corte de la pauta oficial, la «mentira se volvió más ruidosa» y que esta oficina es la herramienta para que los ciudadanos distingan «datos de relatos». Pero el cuestionamiento de fondo persiste: en un esquema de libertad absoluta, el mercado de las ideas debería regularse solo sin la intervención de una oficina estatal que actúe como árbitro.
Si el objetivo es que la «verdad vuelva a ser información», queda la duda de si el camino correcto es sumar más sillas y escritorios al Estado, o si la simple transparencia de los actos de gobierno —sin estructuras adicionales— sería suficiente para dejar en evidencia cualquier falsedad.
La democracia en el banquillo
El Gobierno afirma que la democracia se fortalece cuando se expone la mentira. Pero en la práctica, la creación de organismos de este tipo suele ser mirada con lupa por organismos internacionales de prensa, ya que la línea entre «desmentir» y «amedrentar al periodismo» es extremadamente delgada.
En plena era de redes sociales, donde el propio Presidente responde directamente a las críticas, la creación de una oficina formal parece un paso hacia una institucionalización de la confrontación mediática que el Estado, en teoría, buscaba evitar.
Los responsables de coordinar esta nueva estructura dentro del organigrama nacional aún no han sido confirmados oficialmente, aunque se espera que dependan directamente del área de Comunicación de la Presidencia.
