Por la traición de los gobernadores, el gobierno le sacó el subcidio al trasporte de pasajeros urbano y suburbano de las provicias
El conflicto entre el gobierno nacional y las provincias recien empieza y se está volviendo más feroz. Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el ejecutivo nacional decidió repentinamente eliminar el llamado Fondo Compensador del Interior y dejar en mano de los gobernadores los subcidios a las tarifas de trasnporte de pasajeros.
El Fondo de Compensación fue creado con el objetivo de subsidiar el transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, mediante la transferencia de dinero por parte del Estado Nacional a las empresas que prestan servicios de transporte público para que “fijen el precio”, y ofrezcan boletos a un menor costo y para que puedan cubrir los funcionamentos y mantenimientos.
Según datos del Ministerio de Transporte, en 2023 se repartieron así $102.000 millones, equivalentes al 0,26% del PBI, de los cuales 0,20 puntos fueron para el AMBA y 0,06 puntos al Interior, según estimó Rafael Skiadaressis, economista especializado en transporte.
Según las cifras presupuestarias presentadas para el año 2024, el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano en el país alcanza los 117 mil millones de pesos. Este monto incluye servia para atributo social federal como el reintegro de comisiones de la SUBE.
Pero ahora, el Ejecutivo decidió suprimir ese fondo y sumó más presión para las cuentas de las provincias. El Gobierno justificó la decisión en que está “cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión” de disminuir las asistencias sobre la oferta -en este caso, las empresas- y concentrar las asistencias sobre los usuarios de forma directa. Es decir, que se seguirá asistiendo a las personas a través de la tarjeta SUBE con un descuento del 55% de la tarifa del boleto.
“Son las provincias las que tienen potestad de fijar el costo del boleto a partir de ahora”, argumentaron en despachos oficiales. Sin embargo, la determinación generará mayores complicaciones para las cuentas locales, que ahora deberán definir entre aumentar las tarifas al transporte público o entregar más subsidios por su cuenta.
“Va a generar más presión sobre finanzas de municipios y provincias. O ajustan tarifa o tienen que incrementar la asistencia que ya otorgan al servicio”, resumió Skiadaressis.
Según sus estimaciones, además, el aporte de Nación es entre un 20% o 30% de los subsidios que reciben las empresas del interior según cada caso, por lo que el Ejecutivo nacional ahora puso a los gobiernos locales en la encrucijada de encontrar las vías de financiamiento para cubrir ese bache que quedó acéfalo o bien liberar las tarifas y sumar más presión a los bolsillos de los usuarios.