El presupuesto 2026 prevé un aumento del 72% en el impuesto a los combustibles, que será el principal motor del alza en la presión tributaria.
El proyecto de Presupuesto 2026 anticipa un incremento en la presión tributaria general, impulsado principalmente por tres impuestos: Ganancias, Comercio Exterior y, sobre todo, el de los combustibles. Este último tendrá la mayor variación del año, tras un período de actualización discrecional que el Gobierno aplicó para moderar el impacto en los precios durante el año electoral.
De acuerdo con la consultora Economía y Energía, los recursos totales del Estado aumentarían un 20,8% nominal en 2026 respecto de 2025, con un salto del 72% en la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (ICL y CO₂). Esta suba responde a una actualización prevista en el Decreto 501/2018, que había quedado rezagada frente a la inflación.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que el alza de estos tributos explicará gran parte de la mayor presión impositiva prevista para el próximo año. Solo el impuesto a los combustibles pasaría de recaudar $4,4 billones en 2025 a $7,6 billones en 2026, lo que equivale al 0,74% del PBI, una mejora de 0,23 puntos porcentuales.
Durante 2024 y 2025, el Gobierno aplicó aumentos moderados en el impuesto para evitar un impacto mayor en el precio de la nafta, mientras la inflación y los ajustes tarifarios presionaban sobre el bolsillo de los consumidores.
Según el decreto vigente, la actualización debía ser trimestral, pero la administración de Javier Milei optó por un esquema discrecional con el fin de mantener controlado el precio en surtidor, que ya había sido liberado tras el congelamiento aplicado en 2023.
En paralelo, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, mantuvo esa línea de “prudencia fiscal con foco electoral”, buscando un equilibrio entre la recaudación y la estabilidad de precios. Sin embargo, con las elecciones ya superadas, los analistas anticipaban una aceleración en la actualización del tributo, algo que finalmente no ocurrió: el último decreto oficial solo dispuso un aumento del 1%.
El texto oficial justifica la decisión señalando la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento económico mediante un sendero fiscal sostenible”, posponiendo los ajustes pendientes del impuesto.
Desde el sector energético estiman que la corrección podría llegar recién en 2026, cuando se espera una baja en el precio internacional del crudo, que hoy ronda los USD 65, pero podría caer a menos de USD 60 según proyecciones globales. La eventual política de expansión petrolera de un nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos —bajo su lema “drill baby drill”— también podría contribuir a esa tendencia.
Si el petróleo se abarata, los precios locales deberían acompañar la baja, lo que daría margen al Gobierno para aplicar una actualización más significativa en el impuesto sin trasladar un fuerte aumento al surtidor. Según cálculos de Economía y Energía, el Estado pierde casi USD 200 millones por mes por no aplicar la totalidad del tributo, lo que representa un total anual de USD 1.786 millones. Para Caputo, recuperar esa recaudación sería clave para sostener el superávit fiscal si la inflación continúa descendiendo.
A pesar de los incrementos, el consumo de combustible se mantuvo firme: la venta de nafta común creció 0,4% y la de premium 16%, de acuerdo con datos de la consultora.
El debate también tiene un componente federal: las provincias reclaman que el impuesto a los combustibles sea coparticipable, ya que actualmente los fondos tienen asignaciones específicas que no se cumplen en su totalidad. Hasta ahora, los intentos del Congreso por modificar esa distribución no prosperaron.
