A través del decreto 921/2025, el Gobierno habilitó 16 obras clave de transporte eléctrico. Serán financiadas 100% por privados bajo el régimen de concesión.
Nación. El Gobierno Nacional dio un paso gigante para terminar con el fantasma de los cortes de luz masivos que todos los veranos nos amargan la vida. Mediante el decreto 921/2025, publicado este lunes, se habilitó la ejecución de 16 obras prioritarias para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica en todo el país.
Lo novedoso y fundamental acá es que la inversión, estimada en unos 6.600 millones de dólares, será financiada de punta a punta por el sector privado.
Durante años, el sistema energético argentino fue el «curro» preferido de gobiernos que vaciaron el país: tarifas pisadas, subsidios que se licuaban en los bolsillos de los amigos del poder y una infraestructura que se caía a pedazos porque la plata nunca iba a las obras. Hoy, con la emergencia energética declarada hasta julio de 2026, el ministro Luis Caputo y la Secretaría de Energía decidieron que ya no hay más lugar para el despilfarro estatal.
Cero peso del Estado, 100% inversión real El plan incluye el tendido de más de 5.600 kilómetros de líneas, pensadas para resolver los «cuellos de botella» que hoy impiden que la luz llegue bien desde donde se genera hasta las casas y fábricas. Se usará el sistema de concesión de obra, lo que significa que las empresas van a construir, operar y mantener las redes. El Estado ya no es el «cajero» que siempre terminaba estafado; ahora el privado arriesga y el usuario gana en seguridad.
Entre las obras más urgentes están las del AMBA I (donde vive casi medio país) y dos líneas de alta tensión que conectarán a Mendoza y Chubut con Buenos Aires. Con esto, se busca robustecer el sistema interconectado nacional para que, de una vez por todas, la energía fluya sin restricciones.
El fin de la intervención puntera Con esta medida, el Ministerio de Economía busca normalizar un sector que estaba al borde del colapso. Mientras los gobiernos anteriores se dedicaron a «robarse» la plata de las inversiones en infraestructura para financiar la campaña o tapar agujeros del déficit, este esquema de licitaciones internacionales asegura transparencia.
La Secretaría de Energía tendrá la lupa sobre los pliegos y las adjudicaciones, asegurando que las obras se hagan en tiempo y forma. Es un giro de 180 grados: pasamos de un sistema que vivía del subsidio y la oscuridad, a uno que busca el desarrollo productivo y la seguridad energética apostando al capital privado.
