De premios por minas de carbón a la prohibición de azotes: el plan oficial para barrer con regulaciones obsoletas y devolver libertades individuales.
Tras perder estado parlamentario en 2024, el Gobierno Nacional volvió a la carga con una iniciativa que promete sacudir los cimientos del Digesto Jurídico argentino.
Bajo el nombre de ley “Hojarasca”, el proyecto busca derogar decenas de normas vigentes desde 1864 que, según los fundamentos técnicos, hoy solo funcionan como «impurezas» que ralentizan la economía, restringen libertades individuales o simplemente carecen de sentido ante el avance tecnológico y social.
La premisa del proyecto es invertir la lógica intervencionista del siglo XX. Mientras que antes se presumía que «todo estaba prohibido salvo lo permitido», esta ley busca restaurar el espíritu del artículo 19 de la Constitución Nacional: para los individuos, todo está permitido salvo lo expresamente prohibido. Se trata de un cambio de paradigma que apunta a la máxima libertad y al mínimo control burocrático sobre el ciudadano.
Curiosidades del «museo legislativo» que se busca eliminar
El peinado exhaustivo de las leyes argentinas reveló normas que hoy resultan tragicómicas o directamente anacrónicas:
Leyes Insólitas: Todavía está vigente una norma de 1864 que inhabilita por 10 años a un funcionario si manda a azotar a una persona, u otra de 1870 que ofrece un premio económico a quien descubra una mina de carbón.
Restricciones a la Libertad: Existen leyes de la década del 50 y 70 que imponen prisión a argentinos que defiendan derechos humanos en el exterior, u obligan a los medios a pasar música específica o programas de turismo nacional durante 60 minutos diarios.
Trámites Absurdos: Se busca derogar la obligatoriedad de reconstruir un teatro si se demuele uno previo, o la internación forzosa para enfermos de lepra, una práctica médica totalmente superada.
Tecnología y burocracia
En el Congreso se espera el debate de esta norma que también apunta a leyes que obligan al uso de microfilmación en las Fuerzas Armadas o aquellas que «autorizan» la televisión a color, algo que la realidad tecnológica dejó atrás hace décadas.
El objetivo final es reducir los costos que estos trámites inútiles generan a los ciudadanos y eliminar organismos que hoy solo existen en el papel pero siguen recibiendo o demandando financiamiento público.
La autoría intelectual de esta iniciativa recae sobre el actual ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario, junto a su equipo, sostiene que «limpiar» el sistema normativo es una condición necesaria para que Argentina asimile los tiempos que corren y recupere su potencial de crecimiento sin las ataduras de un Estado que, en muchos casos, legislaba para una realidad que ya no existe.
