Padres de la Escuela 617 de El Soberbio denunciaron a un profesor por prácticas irregulares con alumnos de séptimo grado. Exigen su separación inmediata.
El Soberbio se convirtió en el epicentro de un escándalo escolar que golpea de lleno a la confianza de toda una comunidad. Ocho familias de la Escuela de Frontera Nº 617 denunciaron a un profesor de séptimo grado por prácticas que, según los testimonios de alumnos y padres, exceden cualquier límite tolerable dentro de un aula.
Los relatos coinciden en una misma escena: el docente encerraba a los chicos, les pedía que se sacaran calzado o parte de la ropa y les tomaba fotografías. La modalidad salió a la luz a mediados de septiembre, cuando un alumno se animó a contar lo que pasaba. En cuestión de días, los testimonios se multiplicaron y las denuncias llegaron a la comisaría.
Los padres aseguran que el maestro justificaba las imágenes con excusas insólitas, como que se trataba de un “catálogo para una película de terror” o que las fotos eran para un familiar. Otros chicos contaron que las usaba como método de presión: ofrecía subir notas o dar premios a cambio de participar en lo que llamaba “desafío de los pies”.
El testimonio de Aldo Javier, padre de una alumna, expone el drama: “Mi hija no quería ir a la escuela. El viernes otra madre llegó llorando, diciendo que su nena había pasado por lo mismo. Salimos a buscar a otros padres y todo empezó a salir a la luz. No era un hecho aislado, era algo que se repetía”.
Incluso, según los padres, los alumnos habían inventado una especie de “plan de rescate” para entrar al aula y sacar a una compañera cuando el profesor la dejaba sola. La sospecha de que estas conductas vienen de años anteriores y que involucran a exalumnos agrava aún más la situación.
La indignación creció cuando se supo que el docente todavía continúa en funciones. El Consejo General de Educación aduce que sólo puede separarlo mediante un sumario administrativo, trámite que aún no comenzó. “Alguien sabía lo que pasaba y no hizo nada”, reclamó una madre durante una reunión con autoridades escolares y el intendente local.
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Vicente, que pidió al docente entregar sus dispositivos digitales, aunque los padres cuestionan que no se haya ordenado un allanamiento inmediato, lo que podría comprometer pruebas claves.
La frase que repiten las familias resume el dolor y la bronca: “Uno siempre cree que estas cosas le pasan al hijo de otro, hasta que le pasa al propio”.
