La investigación por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad suma nuevas pruebas con celulares incautados, vínculos con droguerías y una auditoría interna que complica al Gobierno.
La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no se detiene y sigue generando ruido político en los pasillos del poder. En las últimas horas, la Justicia avanzó con la extracción forense de tres teléfonos celulares de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, un nombre que ya quedó marcado en el expediente.
Los dispositivos incluyen su teléfono personal, el de su esposa y otro más antiguo, aunque este último, según trascendió, no contenía información relevante. Por ahora, las extracciones se limitaron al contenido digital: los peritajes llegarán más adelante.
Garbellini ya había sido allanado semanas atrás en su oficina del programa Incluir Salud, en pleno centro porteño. Ese procedimiento, a cargo del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, también se llevó documentación y dispositivos electrónicos vinculados a la compra de medicamentos. Antes, los agentes habían pasado por su domicilio de Avellaneda, donde secuestraron el celular que ahora se peritó.
La investigación apunta directamente a la relación entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, señalada por el exdirector Diego Spagnuolo como una de las firmas que habría pagado sobornos para quedarse con contratos públicos. “Ahí va a estar el foco”, admiten fuentes cercanas al caso.
Mientras tanto, el celular de Spagnuolo se convirtió en pieza clave. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya informó que no podrá recuperar los mensajes borrados. Ese dato no es menor: se sospecha que en esas comunicaciones podrían haber existido vínculos con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el funcionario Eduardo “Lule” Menem o empresarios del rubro farmacéutico.
Por ahora, la causa sigue bajo secreto de sumario. El juez federal Sebastián Casanello aún debe resolver dos planteos de los accionistas de Suizo Argentina: uno por supuesta nulidad y otro por cosa juzgada.
El Gobierno y una auditoría bajo sospecha
En paralelo, el Gobierno intenta mostrarse activo con una auditoría interna en la ANDIS. Pero la realidad es que el proceso está demorado: la Justicia se llevó documentación clave, entre ella facturas de compras sin registro oficial ni trazabilidad dentro del Ministerio de Salud.
La auditoría, que recién arrancó bajo el mando de Alberto Vilches, se realizará con copias de lo incautado. En Casa Rosada reconocen que el proceso puede demorar seis meses y que recién en octubre habría resultados preliminares.
Uno de los focos del Ejecutivo está puesto en la compra de medicamentos, donde los rumores de sobreprecios no paran de crecer. Aunque en Balcarce 50 niegan que la revisión haya detectado aumentos del 27% en productos idénticos comprados con días de diferencia, sí admiten que el mecanismo de contratación de droguerías está lleno de “zonas grises”.
La ANDIS, con 921 empleados y un presupuesto que supera los $3,7 billones —de los cuales $3,1 billones van directo a seguridad social—, se convirtió en un gigante bajo sospecha. El Gobierno estudia centralizar su estructura bajo el Ministerio de Salud, pero los desplazamientos de funcionarios hasta ahora se reducen a los nombres ya conocidos: Spagnuolo y Garbellini.
Por ahora, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal Franco Picardi siguen juntando pruebas y sumando piezas a un rompecabezas donde la política y los negocios parecen entrelazarse con fuerza.
