La sanción contra Cristina Kirchner y su familia fue publicada por la Secretaría de Estado, a cargo de Marco Rubio. (Foto: REUTERS/Jonathan Drake)
Este viernes, Estados Unidos ejecutó la restricción que prohíbe a la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y también a Julio De Vido, ex ministro de Planificación pisar suelo norteamericano.
De acuerdo con el anuncio oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, se les imputa a Cristina Kirchner y De Vido “de abusar de su posición para orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de sobornos relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el desfalco de millones de dólares del gobierno argentino”.
A pesar de la grave denuncia, no se hace referencia concreta a ninguna de las razones por las cuales la ex presidenta o su entorno son objeto de investigación por parte de la Justicia de Argentina. Es la primera vez en que el gobierno de Estados Unidos se pronuncia de esta forma contra la gestión de Kirchner.
“Múltiples tribunales han condenado a Cristina Kirchner y Julio De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país”, indica el informe divulgado por la gestión de Donald Trump.
El Departamento de Estado enfatizó que “continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusen del poder público con fines personales”. “Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción a nivel global, incluso en los niveles más altos del gobierno”, declaró el anuncio que cuenta con la firma del secretario Marco Rubio.
Como uno de los legisladores republicanos más extremistas, Rubio mismo impulsó en 2022 una serie de sanciones contra Cristina Kirchner en el seno del Congreso de Estados Unidos. La solicitud se presentó en la Casa Blanca de Joe Biden, pero no le dieron trascendencia.
Las penalizaciones estipuladas hoy se establecieron bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, ampliada por la Ley de Apropiaciones Continuas de 2025. Esta ley requiere que el Secretario de Estado dicte sanciones públicas o privadas a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando haya evidencias sólidas de su implicación en actos de corrupción considerables o en infracciones severas a los derechos humanos.
Las diversas entidades de Estados Unidos como el Departamento del Tesoro, de Justicia o, como en este caso, el de Estado, suelen imponer diversas sanciones frente a actos de corrupción o desmantelamiento de las instituciones democráticas, tal como sucede con las numerosas sanciones aplicadas a Nicolás Maduro y los altos cargos del gobierno de Venezuela.