El Gobierno eliminó retenciones a granos y carnes hasta octubre para contener la tensión cambiaria. La medida busca acelerar el ingreso de dólares, pero resigna US$1000 millones en recaudación.
Más dólares a cambio de menos recaudación. Bajo esa fórmula, y en medio de semanas de alta tensión cambiaria, el Gobierno decidió suspender los derechos de exportación para granos, subproductos y carnes. La normativa, vigente hasta el 31 de octubre, apunta a sumar divisas en las reservas y dar aire al frente financiero en la recta final hacia las elecciones.
El decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, dispone la eliminación de retenciones para soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol y sus derivados, además de las carnes bovinas y avícolas. El esquema tendrá un límite de US$7000 millones en declaraciones juradas de exportación o hasta el fin de octubre, lo que ocurra primero.
La apuesta oficial es clara: maximizar la liquidación de divisas ahora para estabilizar el dólar y las reservas. Sin embargo, la contracara es el costo fiscal. Según cálculos privados, el Tesoro dejará de percibir unos US$1000 millones, equivalentes al 0,15% del PBI.
El consultor Javier Preciado Patiño explicó que todavía quedan por vender alrededor de 15 millones de toneladas de soja (US$6000 millones) y 12 millones de maíz (US$2400 millones). “No todo se venderá en octubre: muchos productores especularán con un tipo de cambio más alto tras las elecciones”, advirtió.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la pérdida directa para las cuentas públicas rondará los US$1000 millones. En la misma línea, la consultora Equilibra calculó un impacto de unos US$950 millones.
Los analistas proyectan efectos de corto y mediano plazo:
Más oferta de dólares ahora y menos después de las elecciones.
Tipo de cambio más estable en septiembre-octubre, con riesgo de salto posterior.
Menor recaudación en 2025, con mayor déficit o más ajuste del gasto.
Suba en pesos de los productos sin retenciones, con impacto inflacionario.
A la par, el IARAF destacó dos efectos indirectos: una mayor base imponible del Impuesto a las Ganancias y una mejora en la renta de los productores, que podría volcarse a consumo e inversión, generando ingresos adicionales vía IVA y tributos vinculados.
Con la medida, el Ejecutivo busca ganar aire financiero inmediato y contener la presión cambiaria, aunque al costo de abrir un nuevo frente de vulnerabilidad en las cuentas públicas.
