Tras cinco días de protesta Mbya en Posadas, el Gobierno de Misiones firmó un acta para convocar a una asamblea en octubre, pero las comunidades denuncian que no hay respuestas reales a sus reclamos históricos.
La Plaza 9 de Julio en Posadas fue escenario de un tenso pulso político. Durante cinco días, las comunidades Mbya resistieron el silencio oficial hasta que el Gobierno provincial cedió y firmó un acta que promete una Asamblea General de Caciques el próximo 14 de octubre en la comunidad El Pocito, Capioví.
La medida permitió que los Mbya levantaran el acampe, pero no resolvió las demandas de fondo. Tras tres años de gestión, las respuestas a los reclamos indígenas siguen ausentes: regularización de tierras, reconocimiento en la Constitución Provincial, acceso a servicios básicos y políticas públicas con participación real.
La asamblea prometida parece más un recurso para enfriar el conflicto que un compromiso concreto. El propio texto del acuerdo garantiza solo logística y respeto intercultural, sin una sola solución inmediata.
“Hoy levantamos y nos vamos. Esperemos que cumplan; si no, el 14 de octubre volveremos a la plaza”, advirtió Hilario Moreira, mburuvicha de Tekoa Tape Mirĩ (Garuhapé), uno de los referentes del acampe.
El Gobierno consiguió desactivar la protesta y ganar tiempo. Las comunidades, en cambio, lograron poner en evidencia una verdad que incomoda: las promesas no alcanzan y el abandono estatal hacia los pueblos originarios ya no puede ocultarse.
