La Justicia ordenó el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, tras una denuncia del Gobierno por “operación de inteligencia ilegal”.
La Justicia federal dictó un fallo contundente en respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La resolución prohíbe que medios, redes sociales y plataformas digitales difundan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.
“Considero que corresponde admitir la protección cautelar requerida con el alcance que se establece a continuación. Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, señala el documento compartido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El portavoz agregó además: “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.
La denuncia del Gobierno: “Operación de inteligencia ilegal”
El fallo judicial responde a la presentación realizada este lunes por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, que quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12.
El Gobierno advirtió que se trató de “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, señalando que los hechos constituyen “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
Según la denuncia, se trató de una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina y difusión con fines políticos, justo en plena campaña electoral. El punto más grave, remarcan, es que las grabaciones podrían haberse hecho dentro de la propia Casa Rosada.
Los acusados y el rol del canal de streaming
El canal de streaming Carnaval, a través del programa Data Clave, fue señalado como epicentro de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico afirmó tener “más de cincuenta minutos de audios” y anunció que serían difundidos progresivamente.
Además, la denuncia del Gobierno apunta contra el empresario Pablo Toviggino (con vínculos en la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se acusa de tener posibles conexiones con operadores políticos y servicios de inteligencia.
El escrito sostiene que todos ellos integrarían una red cuyo objetivo sería “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.
Próximos pasos
Mientras avanza la causa, la Casa Rosada busca determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y editados con fines de manipulación política.
El caso no solo expone una guerra en plena campaña, sino que abre un debate sobre los límites entre libertad de prensa, operaciones políticas y ataques a la institucionalidad.
