El proceso oral y público inició este martes en Santa Cruz. Se busca determinar las responsabilidades de los mandos navales en el naufragio ocurrido en 2017.
Este martes 3 de marzo de 2026 marca un hito en la búsqueda de justicia por la mayor tragedia naval argentina de la era moderna. En la ciudad de Río Gallegos, se dio inicio al juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el buque que desapareció en las profundidades del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes a bordo.
El Tribunal Oral de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, será el encargado de juzgar a cuatro ex altos mandos de la Armada. El proceso se desarrollará en la capital santacruceña luego de una larga disputa jurisdiccional que fue resuelta por la Cámara de Casación, bajo el argumento de que Río Gallegos era el punto más cercano ante la «incertidumbre del lugar de comisión del delito» en alta mar.
Los imputados y las acusaciones
En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro oficiales que ocupaban cargos estratégicos al momento de la desaparición:
Claudio Villamide: Excomandante de la fuerza de submarinos.
Luis Enrique López Mazzeo: Excomandante de adiestramiento y alistamiento naval.
Héctor Alonso: Exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos.
Hugo Miguel Correa: Exjefe del departamento de operaciones.
Los delitos que se les atribuyen incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La fiscalía y las querellas buscarán probar que existieron fallas críticas en el mantenimiento de la unidad y negligencia en la cadena de mando tras el reporte de la avería en las baterías.
Un proceso sin la «pata política»
El inicio de este debate llega con un sabor agridulce para los familiares de las víctimas. Días antes del comienzo de las audiencias, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa paralela por presunto espionaje ilegal a los allegados de los marinos.
Además, se confirmó que ningún funcionario político del gobierno de aquel entonces ha sido citado como testigo para este juicio oral, lo que limita el alcance de las responsabilidades exclusivamente al ámbito militar.
Se prevé que el juicio se extienda hasta el mes de julio, con audiencias intercaladas de lunes a jueves, donde desfilarán peritos, testigos y sobrevivientes del entorno naval para intentar reconstruir qué sucedió realmente antes de que el ARA San Juan hiciera su última e infructuosa comunicación.
