Un fallo federal ordenó a la ANDIS devolver en 24 horas las pensiones retenidas sin sustento jurídico. La medida alcanza a beneficiarios de todo el país.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restituir en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones retenidas durante los últimos meses, luego de que el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca considerara que el organismo actuó sin sustento jurídico al suspender los beneficios.
La decisión judicial se extiende a todo el país y representa un duro revés para la política de auditorías aplicada por el Gobierno nacional.
El fallo responde a un amparo colectivo presentado por organizaciones de personas con discapacidad, beneficiarios afectados y el Defensor del Pueblo de Catamarca. Todos ellos denunciaron que miles de titulares se enteraron de la suspensión de sus pensiones sin notificación válida, sin acto administrativo individual y sin posibilidad de defensa, violando el debido proceso.
Durante el expediente, la ANDIS defendió su accionar argumentando que actuó conforme a los decretos 698/2017 y 843/2024. Según la agencia, las auditorías estaban correctamente notificadas y las suspensiones se aplicaron en casos donde no se acreditaron los requisitos médicos vigentes.
Sin embargo, la sentencia fue categórica: la agencia no acreditó resoluciones individuales que justificaran las bajas. Para el juzgado, esto implica que las interrupciones fueron ejecutadas mediante un mecanismo sin respaldo legal, afectando derechos adquiridos de un sector especialmente vulnerable.
Además, el fallo remarcó que las pensiones no contributivas “son propiedad de sus titulares” y solo pueden ser retenidas mediante un procedimiento formal, con notificación, fundamentos, revisión médica y oportunidades de descargo.
El contexto del fallo se enmarca en un proceso más amplio: hasta el 16 de julio de 2025, el Gobierno había suspendido 65.230 pensiones por supuestas irregularidades, dentro de un universo cercano al millón de beneficiarios. Según datos oficiales, el 60% no habría presentado la revisión médica; otras 8.207 personas renunciaron voluntariamente y 6.643 bajas se dieron por fallecimiento. Con estas medidas, el Estado dejó de pagar 80.080 pensiones y registró un ahorro mensual estimado en $23.000 millones.
El impacto del fallo podría modificar de forma profunda la estrategia de control implementada por la ANDIS, obligando a rehacer los procedimientos y restituir los derechos vulnerados mientras avanza la causa principal, que incluye indagatorias por el caso Diego Spagnuolo.
