Por mayoría, el Tribunal Nacional de Ética de la UCR determinó la expulsión de Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat de sus filas, tras ser imputados de actos que “lesionaron gravemente la dignidad del partido”.
La decisión se decretó en un encuentro realizado en el edificio del Comité Nacional de la UCR, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proceso disciplinario, que se inició después de la suspensión preventiva de los miembros en septiembre, estableció que los legisladores adoptaron “actitudes deliberadamente provocadoras” que afectaron negativamente la reputación pública de la UCR. Dentro de los comportamientos críticos, sobresalió la visita de los legisladores a la Casa Rosada el 10 de septiembre pasado, donde se toparon con ella.
El proceso disciplinario, iniciado tras la suspensión preventiva de los afiliados en septiembre, concluyó que los diputados incurrieron en “actitudes deliberadamente provocadoras” que impactaron negativamente en la imagen pública de la UCR. Entre las conductas reprochadas, se destacó la visita de los legisladores a la Casa Rosada el pasado 10 de septiembre, donde se reunieron con el presidente Javier Milei y otros funcionarios. Según el tribunal, este acto, ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, ocurrió un día antes de la sesión en la que se rechazó un veto presidencial a un proyecto impulsado por el bloque radical.
La reunión en la Casa Rosada, que contó con fotos oficiales y una «selfie» de carácter festivo, fue valorada como una acción «con el objetivo de generar un gran efecto en la opinión pública», cuestionando las posiciones oficiales del partido. El juzgado determinó que la alteración de las posturas de los legisladores en votaciones fundamentales, como el rechazo al veto de la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social, formó parte de un comportamiento que perjudicó “la unidad ideológica y política del partido”.
La resolución de mayoría, bajo la firma de Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, basó su decisión en los artículos 13 y 14 del reglamento del TNE y el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria (COP). Se resaltó que las acciones de los legisladores no sólo violaron los principios esenciales.
Ricardo Barrios Arrechea, en su voto minoritario, cuestionó la gravedad de la sanción, apoyando una suspensión temporal y subrayando la importancia de prevenir un debilitamiento interno del partido en un entorno político desfavorable.
El tribunal enfatizó que la UCR, en su papel de oposición al gobierno de Milei, se encuentra con obstáculos para consolidar su identidad en un contexto de fragmentación política. Además, resaltó la relevancia de los partidos políticos en la democracia constitucional, recordando que ser miembro de una entidad partidaria requiere adherirse a sus principios y respetar su disciplina interna.
Con esta resolución, la UCR intenta transmitir un mensaje enérgico ante lo que percibe como acciones que desafían sus valores históricos y su dedicación a los grupos más vulnerables de la sociedad, en concordancia con la promoción de políticas como la movilidad de los retirados y el financiamiento académico.
Los legisladores sancionados cuentan con la opción de impugnar la resolución ante organismos externos, aunque su trayectoria política dentro del partido parece estar definitivamente en riesgo.
El informe no especifica una penalización concreta para Pablo Cervi, quien también fue presentado como un «radical de peluca». Se le concedió un periodo para presentar desacuerdos y sugerir evidencias, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno, y su caso será abordado la semana próxima.