El oficialismo aceptó las recomendaciones del PRO, UCR y HCF en temas como la fórmula de movilidad jubilatoria, privatizaciones y retenciones a las economías regionales.
Pasarán el fin de semana trabajando en el borrador final de cada artículo y la sesión para definir todo será el próximo jueves
Después de varios días de conversaciones y negociaciones sobre las reformas a la Ley Ómnibus, el gobierno envió altos funcionarios a la Cámara de Representantes para acercar posiciones entre los opositores dialoguistas.
A la reunión en el despacho del Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asistieron el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el principal estratega del Gobierno, Santiago Caputo, fueron quienes informaron a los legisladores cuáles eran las reformas que Javier Milei estaba dispuesto a aceptar.
Entre los puntos más difíciles, los libertarios proponían eliminar la fórmula actual de movilidad jubilatoria y reemplazarla con una fórmula actualizada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Es decir, si la ley se aprueba en febrero, los salarios se actualizarán en función del IPC de enero y así durante el resto del año.
En materia de retenciones, las que afectan a la economía regional se mantendrán en 0 y quedarán abiertas las negociaciones sobre el gravamen a las exportaciones industriales.
Los capítulos sobre la reforma electoral, como la propuesta de introducir un sistema de circunscripción única y actualizar el número de representantes nacionales, no entrarán dentro del alcance de la ley.
Sin embargo, las Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias (PASO) aún no se ha determinado y no sería eliminada como pretenden los libertarios.
Por otra parte, el Gobierno acordó acortar la lista de emergencias y acortar a un año las facultades especiales que pedía el ejecutivo para poder saltarse el Congreso.
En cuanto a las privatizaciones, los liberales quieren mantener una lista de 40 empresas estatales que pueden venderse. Sólo quieren sacar de la lista a YPF por pedido de la oposición. Además, la versión final incluirá una disposición que requerirá que el poder ejecutivo envíe las especificaciones de cada una de las privatizaciones al Congreso.
Esto daría a la oposición el derecho de detener el proceso en determinadas circunstancias.
Se han realizado modificaciones en artículos referidos a la Cultura, Ambiente, Educación, Salud, Seguridad y Justicia, aunque no se revelaron detalles de los mismos. “Tenemos que ir viendo el texto final”, solo dejan entrever desde el radicalismo.
Al mismo tiempo, también se han producido cambios profundos en los apartados de explotación de hidrocarburos, esto a raíz de las propuestas de los gobernadores de las provincias petroleras.
Finalmente, se eliminarán disposiciones de la Ley Ómnibus que incluyen la aprobación del gran DNU para que el decreto pueda ser debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
Al finalizar la reunión, Miguel Ángel Pichetto y otros representantes del bloque Hacemos Coalición Federal coincidieron en que el gobierno comienza a mostrar buenas intenciones al aceptar la propuesta de la oposición, señalando que todo apunta a un dictamen para principios de la semana que viene.
En general, las afirmaciones de este espacio son consistentes con lo que el activismo tiene para ofrecer. Sólo mostraron diferencias claras en términos de privatización: el HCF declaró su oposición a la privatización de seis empresas (sobre todo YPF, ARSAT, Nucleoeléctrica, Banco Nación y YMAD) y propuso un paquete de privatización parcial que retuvo el control estatal.
Al igual que los radicales, adelantaron que esperan la redacción final del texto, que llegará entre domingo y lunes, pero se mostraron optimistas. Todo se encamina a que la Ley Ómnibus sea tratada el jueves que viene.