El proyecto de Ley de Bases ya recibió alrededor de 50 cambios y el partido gobernante continúa negociando cambios. También está el dictamen de la minoritaria presentada por Lousteau
Este miércoles el oficialismo enfrenta la batalla legislativa más importante desde que asumió el poder el 10 de diciembre. Bajo la atenta mirada de los mercados, que se mueven en base a la aprobación o no del paquete fiscal y la Ley de Bases. Es por eso que representantes del Gobierno siguen negociando para que no se caiga está iniciativa de Milei.
Con el ir y venir de los días y las negociaciones en las comisiones, el gobierno que al principio pensaba o afirmaba en lo discursivo que «negociar» era del infierno, fue cediendo diferentes puntos de la ley para lograr y firmar y acelerar el tratamiento en el recinto.
A pesar de que la discusión fue muy amplia, los temas que concentraron la mayor cantidad de cambios fueron las facultades delegadas, las empresas a privatizar y el RIGI. Para el paquete fiscal, el debate fue Monotributo Social, el regreso del Impuesto a las Ganancias, blanqueo de capitales y Bienes Personales.
En lo que se refiere a las facultades delegadas, el proyecto que llega del oficialismo está bastante lejos del que había mandado en diciembre ya que las recorta y son solo por un año renovables por el Congreso de la Nación.
En lo que se refiere a las empresas a privatizar, primero se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se bajó de las 41 empresas originales a 9. El proyecto estipula la privatización total para las siguientes cuatro empresas estatales: Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Intercargo SAU.
En este punto, varios senadores están en contra de privatizar Aerolíneas y Radio Nacional, lo que hace que aún se siga negociando la posibilidad de quitarlos del listado en el recinto.
Pero también se cambió a que algunas empresas pasen a ser posibles de ser privatizadas de manera parcial o concesionadas. En esta lista quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
Acá la mayor discusión recaerá en el caso del Correo, en donde los senadores patagónicos y los del norte del país coinciden en la necesidad de que sea público para que se asegure la capilaridad en todo el país, incluyendo las localidades más pequeñas.
Uno de los momentos que seguramente se llevará buena parte del tiempo de debate será el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Acá la oposición reformuló el artículo 163 que declaraba “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al RIGI. En este caso, quedó que sólo aplica a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al régimen.
Una de las críticas mayores fue que este régimen dejaba en desventaja a los proveedores locales frente a los globales. A partir de esto es que se incluyó un inciso que prevé el desarrollo de las cadenas de producción locales así como también limitar el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada.
Asimismo, se eliminó el artículo que establecía que a partir del tercer año no había imposibilidad para el giro de dividendos y utilidades de las compañías que estén en el RIGI.
En lo que se refiere al paquete impositivo, se incluye -en Diputados había sido eliminado- el Monotributo Social y se incrementan los techos en cada una de las categorías. Respecto de Bienes Personales, se suma un artículo y aumenta 20% la alícuota del impuesto para los que entraron al blanqueo, pasando de una tasa de 0,5% a 0,6 por ciento.
En Ganancias, los patagónicos lograron una mejora en el piso en donde se aumenta un 22% el mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Asimismo, Tierra del Fuego queda exento.
Por último, en el blanqueo de capitales la oposición impuso cambios que extiende de 5 a 10 años la imposibilidad de los que son o fueron funcionarios públicos, incluyendo a hermanos, cónyuges, convivientes, padres e hijos de esos funcionarios. También se eliminó del listado a blanquear las criptomonedas.