El Ministro de Justicia aseguró que el proyecto busca la reeducación y no el abandono. “Van a ser establecimientos especiales con colegio y oficios”, afirmó.
Tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a defender los lineamientos del proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad a los 14 años en Argentina. En un intento por disipar las críticas de los sectores que denuncian una política meramente punitivista, el funcionario nacional hizo hincapié en el carácter «reeducativo» de la norma.
“No se trata de matar al pibe, es tratar de darle una nueva oportunidad”, sostuvo el ministro en una entrevista radial, donde calificó a la ley como “fantástica” y destacó que su profundidad va más allá de la simple discusión sobre si la edad debe ser 13 o 14 años.
Establecimientos especiales y financiamiento
Uno de los puntos más polémicos del debate —que ya había sido advertido por gobernantes provinciales como Lucas Romero Spinelli de Misiones— es la infraestructura. Ante esto, Cúneo Libarona aseguró que el proyecto contempla una reforma estructural de los lugares de alojamiento:
Fin del «depósito»: Criticó la situación actual donde menores son hacinados en lugares con el doble de su capacidad. «No es tirar un chico en un depósito», remarcó.
Inversión y formación: El ministro prometió que habrá presupuesto para establecimientos especiales donde el colegio será obligatorio y se enseñarán oficios y deportes.
Seguimiento familiar: Se buscará una fuerte intervención del entorno del menor para garantizar que, tras cumplir la pena, pueda reinsertarse efectivamente.
«Quien las hace, las paga»
Pese al enfoque pedagógico, Cúneo Libarona fue claro respecto al mensaje que el Gobierno quiere enviar a la delincuencia. Afirmó que la sociedad necesita ver que existe un límite para el menor y que la reclusión en establecimientos cerrados se aplicará “solamente para los delitos graves”.
“La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que quien las hace las paga”, sentenció el funcionario, equilibrando el discurso entre la garantía de derechos y la demanda de seguridad ciudadana.
