Expertos advierten sobre la vaguedad de los términos «influencia» e «interferencia» y la peligrosa potestad de los agentes para realizar aprehensiones de ciudadanos.
(Imagen generada con IA)
El reciente DNU 941/2025, dictado por el presidente Javier Milei, ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico y parlamentario. Más allá de los cambios en los nombres de los organismos, la medida introduce conceptos vagos y facultades extraordinarias que, según expertos, podrían vulnerar garantías constitucionales básicas.
Uno de los puntos más polémicos radica en la terminología utilizada para definir las amenazas a la seguridad nacional. El decreto autoriza tareas de contrainteligencia ante acciones de “interferencia” e “influencia”, términos que por su excesiva vaguedad quedan sujetos a la interpretación discrecional de los propios agentes, cuyas identidades y funciones son secretas por ley.
La potestad de detener personas
La mayor preocupación gira en torno al artículo 10 nonies, que otorga a los agentes de inteligencia la facultad de realizar la aprehensión de personas.
Si bien la norma menciona casos de flagrancia o requerimiento judicial, también habilita la detención “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia”. Esta atribución de privar de la libertad a ciudadanos sin una orden judicial previa y específica representa un quiebre en la división de funciones entre la inteligencia y las fuerzas de seguridad tradicionales.
Además, se cuestiona el uso del DNU para legislar en una materia tan sensible, eludiendo el control parlamentario previo que exige la Ley 25.550.
El Congreso ahora enfrenta el desafío de revisar una norma que ya tiene fuerza de ley y que otorga poderes sin precedentes a organismos que, por su naturaleza, operan fuera del ojo público.
El debate nacional se traslada a las cámaras legislativas, donde se deberá decidir la validez de estas nuevas atribuciones.
