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El fiscal federal Carlos Stornelli pidió detener nuevamente a 14 manifestantes que perpetraron los destrozos el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras debatían la Ley de Bases. 

 

 

 

Esta solicitud deberá ser resuelta por la jueza federal María Servini de Cubría. Así lo confirmó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el programa TN de Noche. 

 

 

 

 

 

Macri sostuvo: “La Justicia había liberado a 17 de los 33 detenidos, pero aportamos nuevas pruebas y el fiscal volvió a pedir que detengan a 14 de ellos”.

 

 

 

 

 

“Entre limpieza y reparaciones, los destrozos nos costaron 278 millones de pesos. A ese monto le vamos a agregar 21 millones más, que serán repartidos a siete locales de la zona a los que les rompieron vidrieras, puertas o a los que les robaron partes de la mercadería”, añadió.

 

 

 

 

 

“Los que cometieron esos desmanes no son manifestantes, son delincuentes. De 33 detenidos, la mayoría tiene antecedentes por otros delitos, son gente con prontuario. Puede haber manifestaciones y no terminan de esta manera. Nosotros hacemos cumplir la ley. ¿Por qué un manifestante va con una granada en la mochila o con un pomo con combustible?”, dijo Jorge Macri.

 

 

 

 

 

En este sentido, explicó: “Los que se manifestaron tenían como objetivo impedir que se tratara la ley. Lo intentaron llevar adelante desde afuera y también desde adentro, los mismos senadores. Hubo un buen manejo de la presidenta del Senado. Es gente que está organizada que quiere generar daño y lastimar”.

 

 

 

 

 

El viernes, la jueza federal María Servini de Cubría dejó en prisión a 16 de las 33 personas detenidas acusadas de causar daños fuera del Congreso y liberó a otras 17 que se encontraban entre los detenidos. El juez tendrá ahora que decidir si acepta la petición del fiscal de detener a las 14 personas que quedaron en libertad. 

 

 

 

 

Los detenidos están siendo investigados por una serie de delitos menores relacionados con resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Sin embargo, también se espera que sean juzgados por rebelión contra el orden constitucional, que estipula penas más severas.

 

 

 

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