Con las nuevas restricciones para tratar de frenar la segunda ola de contagios por coronavirus, en la Casa Rosada son conscientes de que los problemas en distintos sectores económicos y sociales pueden resurgir o agravarse, aunque no en la magnitud evidenciada durante la cuarentena dura del inicio de 2020.
Por eso, confían, no será necesaria la implementación de los programas de asistencia tan generalizados como fueron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que en tres cuotas cubrió a 9 millones de personas, y el Asistencia a la Producción y al Empleo (ATP) -que pagó la mitad de los sueldos de hasta 2,5 millones de trabajadores del sector privado en el peor bimestre de la pandemia.
Esos planes respondieron a una parálisis que afectó al 80% de la actividad en todo el país, algo que en los despachos oficiales recalcan esta lejos de lo que se viene en la nueva etapa para frenar la segunda ola de contagios.
Ahora, las medidas apuntan a reducir de manera fuerte la nocturnidad y las reuniones sociales -donde insisten es donde proliferan los contagios-. Si bien admiten que habrá sectores golpeados por las tres semanas por venir, las principales espadas de Alberto Fernández remarcan que el nivel será controlable y que no le soltarán la mano a ningún sector en problemas, pero los instrumentos de auxilio estatal serán otros.
La actividad se está recuperando, puntualizan, apuntalada fuertemente por la construcción y la industria, dos sectores que no se verán afectados en el nuevo escenario restrictivo, si cumplen con los protocolos y las empresas proveen el transporte a su plantel, apuntan.
Para las empresas, el mecanismo de asistencia elegido es el Programa de Reactivación Productiva (Repro II), que reemplazó al ATP y significó la erogación de $4500 millones en diciembre último en beneficio de más de 350.000 empleados. En tanto, su última edición, el mes pasado, implicó al Estado un desembolso de $3800 millones para completar los salarios de 270.000 empleados de sectores no críticos y de aquellos aún sumidos en la crisis pandémica (hotelería, turismo y salud, entre otros).
En ese sentido, y con los nuevos rubros afectados por las medidas sanitarias que arrancan este viernes (gastronomía, casinos y bingos), en la Rosada creen que la cifra de empresas que pedirán el Repro II subirá y que los fondos que vuelque el Estado serán mayores. No obstante, no quieren arriesgar cifras. “Se irá viendo cómo evoluciona la situación”, sostienen.
EL IFE no vuelve, al menos por ahora
Además de que los planes generalizados de asistencia no aparecen en el Presupuesto, porque el factor COVID-19 no fue contemplado y primó la necesidad de reducir el gasto, Fernández como sus principales funcionarios suelen explicar que el IFE fue una herramienta que sirvió en el peor momento de la cuarentena y permitió visualizar a más de 5 millones de personas que “se habían caído del sistema”.
Insisten en que las condiciones no son las mismas que un año atrás y que con los meses transcurridos se aprendió de la experiencia. Así, indican, se logró determinar lo heterogéneo entre los grupos que accedieron a algunas de las 3 ediciones del IFE, que pagaba $10.000 cada vez.
Madres solteras sin inserción laboral, jóvenes que no estudian ni trabajan, desocupados crónicos, Para cada uno desde enero se hicieron programas focalizados: ampliación de la Asignación Universal por hijo (AUH); tarjeta Alimentar, Plan Progresar joven y Progresar Trabajo, que cuenta con la novedad de contraprestación, es decir que para cobrarlo el beneficiario debe cumplir determinada tarea sino es dado de baja luego de un mes con un pago de la mitad de la asistencia.
Además, el Gobierno tiene decidido reforzar los fondos destinados a los comedores escolares y, si la pandemia lo requiere, reasignar partidas presupuestarias de otras áreas para atender las necesidades sociales.