El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de 18 personas en una causa que investiga una red de corrupción, sobreprecios y negocios ilícitos en la salud.
La Justicia Federal dio un paso decisivo en una de las investigaciones más sensibles de los últimos tiempos, centrada en el presunto desvío de fondos públicos destinados a las personas con discapacidad. El juez Sebastián Casanello dispuso una serie de procesamientos sin prisión preventiva, tras recolectar pruebas que señalarían una «cooptación» del organismo para fines de enriquecimiento privado.
Según la resolución judicial, el esquema delictivo funcionaba mediante un funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde operaban de manera mancomunada autoridades de máxima jerarquía y operadores externos. La investigación sostiene que se montó una estructura para favorecer negocios ilícitos y direccionar compras públicas, afectando directamente la protección de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Audios, retenciones y «kioscos» de miles de dólares
El expediente tomó impulso tras la difusión de una serie de grabaciones de audio donde se detallaba un sistema de retenciones del 8% en la compra de medicamentos. En esos registros, se mencionaban maniobras con droguerías y supuestos repartos de porcentajes que involucraban a figuras del entorno presidencial, sugiriendo que el sistema de «choreos» ocurría a espaldas de las cabezas del organismo o bajo su propia tolerancia para mantener sus áreas «ordenadas».
Casanello fue tajante al describir que dentro de la ANDIS se extendió una lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia diversas áreas. Incluso, la investigación detectó prácticas similares fuera del organismo, particularmente en lo que respecta a contrataciones y compras públicas del Estado realizadas por círculos cercanos a los hoy imputados.
Los principales acusados y las cifras del embargo
El magistrado imputó delitos graves que incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y asociación ilícita. Como parte de la medida, se ordenaron inhibiciones y embargos que, en los casos principales, superan los $200 millones.
Finalmente, el fallo procesó a un total de 18 personas, entre las que destacan el ex director ejecutivo Diego Spagnuolo, el ex funcionario Diego Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella Calvete. También fueron alcanzados por la medida el médico Pablo Atchabahian y otros 14 acusados, quienes permanecen vinculados a la causa mientras la Justicia avanza hacia la etapa de juicio oral.
