Tras el rechazo de los decretos en 2025, el Gobierno busca por vía legislativa disolver Vialidad Nacional, transformar el INTA e INTI, y profundizar el recorte de empleo público.
El presidente Javier Milei no se da por vencido y ya prepara una contraofensiva para profundizar el ajuste estructural del Estado. Sin la posibilidad de utilizar decretos —ya que se vencieron las facultades delegadas—, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca retomar la eliminación, fusión y transformación de entes públicos.
La iniciativa no solo pretende reflotar lo que el Congreso rechazó el año pasado, sino que el oficialismo admite que la lista de organismos afectados podría ser incluso más larga. «Va a ser una revisión integral», advierten desde Balcarce 50, poniendo el foco en estructuras que consideran «superpuestas o de baja productividad».
Los organismos en la mira
El plan de 2025, que ahora busca ser ley, incluía cambios drásticos en dependencias clave:
- Disolución: Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito.
- Eliminación: El INAFCI (Agricultura Familiar), el INASE (Semillas) y la ARICCAME (Cannabis).
- Transformación: El INTI, el INTA, el INV (Vitivinicultura) y el INPI (Propiedad Industrial).
El avance del recorte en números
Mientras los números del empleo público nacional arrojan cifras heladas para el sector. Según el último informe oficial con datos a febrero de 2026, el Gobierno ya eliminó 65.528 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, lo que representa una poda del 13% del total de la plantilla estatal. En la Administración Pública Nacional, la reducción es aún mayor, alcanzando el 18,5%.
Estrategia y conflicto en puerta
A sabiendas de que este proyecto reabrirá la guerra con los gobernadores, gremios estatales y la oposición, la Casa Rosada ha decidido ser cautelosa con los tiempos. No enviarán el texto hasta no haber despejado la agenda de otros proyectos, como la «Ley Hojarasca», y hasta no tener garantizado el volumen de votos necesarios en Diputados y el Senado para evitar un nuevo «papelón» legislativo como el del año pasado.
